El autor es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México
La confianza es un bien escaso en nuestra sociedad, mucho más en las instituciones públicas y privadas que hemos construido a veces con cimientos endebles en donde casi cualquier suspicacia las pone en duda y, con frecuencia, en jaque.
Esa credibilidad institucional es uno de los pendientes urgentes que tenemos en el país y de la que dependen muchas otras cosas, desde inversiones foráneas hasta la tranquilidad de una mayoría de mexicanas y mexicanos que vivimos en la incertidumbre provocada no solo por la pandemia, sino también por un diseño institucional que no gana consistencia y tampoco constancia.
Saber que los trámites más simples funcionan y que la imagen de las instituciones es la de protección a los intereses de los gobernados y no de ciertos sectores poderosos, permite la construcción de nuevos hábitos civiles, de un sentido de justicia y del piso parejo que pedimos los ciudadanos en todo momento.
La principal auditoría, la revisión que deberíamos hacer fuera de las que contemplan las leyes que nos hemos diseñado, es la social, porque de esa manera podemos salir de esta constante división que solo se sustenta en diferencias de opinión, no de criterio informado, y de verdades a medias o de mentiras abiertas que nada más tienen la intención de confundirnos y ponernos en contra, particularmente cuando vienen procesos electorales.
Ahora, esta crisis de credibilidad, que lleva varios años, puede envolver a cualquier entidad, por el motivo que sea, porque parecería que lo importante es sembrar el descrédito en todas direcciones, sin importar las consecuencias.
¿Qué pasa con una sociedad que no cree en nada? Lo peor, si tomamos los ejemplos de naciones que llevan décadas sin poder avanzar en establecer mejores condiciones de vida para sus poblaciones y cuyo desarrollo está lejos de lo que aspiramos como humanidad.
El objetivo social debe ser creer y tener confianza en la mayor parte de las instituciones, ya sean gobiernos u organismos responsables de vigilarlos, o entidades privadas que hacen negocios con recursos naturales básicos y bienes y servicios que usamos de manera cotidiana.
Todas y todos estamos obligados a contribuir a esa confianza y somos corresponsables de hacer lo que nos toca para que esta certeza de que podemos crecer, juntos, permeé desde nuestros hogares y hasta el último círculo social en el que nos desenvolvemos. Es un asunto de ética, de valores y de principios que son indispensables para salir adelante.
No es tan complicado. Basta con evaluar si nosotros confiamos en los demás y si los demás pueden confiar en nosotros. Si en cada acto que llevamos a cabo en el día le damos a otras personas la garantía de que procederemos con integridad y que respetaremos su dignidad, como deseamos que sea respetada la nuestra.
En muchas ocasiones, pedimos con altavoz que las reglas se apliquen, pero a la primera falta rompemos el cristal de emergencia para que la voluntad de las leyes y las normas se aplique en los terrenos del vecino, o de otros, y nunca al propio.
En resumen, la crisis institucional no es nueva y abarca niveles sociales que a veces no queremos reconocer como ciudadanía, porque nos incluye. Necesitamos que la mayoría de esas instituciones sean legítimas y brinden la seguridad de que somos un país convencido de que el Estado de derecho, el auténtico, es el camino más conveniente para consolidar un mejor país.