Yucatán: pintas arruinan patrimonio ideológico
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Yucatán: pintas arruinan patrimonio ideológico

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Yucatán: pintas arruinan patrimonio ideológico

09/10/2019

Por Luis Arturo Herrera Albertos, presidente de la Asociación de Agencias promotoras de Turismo de Yucatán.

¿Será que los políticos toman decisiones haciendo un balance entre su propia postura ideológica, lo que considera la opinión de la mayor parte del electorado y lo que es mejor para la sociedad?

¿O quizá creen que los tres puntos son lo mismo?

En las últimas semanas hemos visto un ambiente intenso en Yucatán en relación con las marchas, la cumbre de la paz y los temas como el matrimonio igualitario, la violencia contra las mujeres, el feminismo y el aborto. Los ciudadanos, a través de las redes sociales, se han volcado en opiniones a favor o en contra de cada uno de los temas. Si bien las opiniones individuales son valiosas y nos dan una idea de cómo está formada ideológicamente una sociedad, es la opinión de los políticos, y su actuar, lo que más trascendencia tiene en la conducción de las normas y leyes de una comunidad.

Ante estos acontecimientos, algunos actores políticos se han expresado abiertamente, y otros han callado. Por desgracia, vemos que en la mayoría de los casos, los funcionarios han olvidado que parte importante de su labor es trabajar por el bien común, por la evolución hacia una sociedad más justa, en donde quepan todos y todas. Es lograr que nos convirtamos en comunidades incluyentes, con los mismos derechos para todos. Sin sesgos. Sin favoritismos de género. Sin privilegios que excluyan a los homosexuales, a las mujeres, a los niños. Eso, desgraciadamente, lo han olvidado. Y han puesto, ya sea su propia postura ideológica, o lo que consideran la opinión de la mayor parte del electorado, por encima de lo que es mejor para la sociedad.

Nuestro país está enfrentando una lucha trascendente, similar a las que ha habido en el pasado cuando se ha logrado el voto femenino, la abolición de la esclavitud y otras tantas luchas que han abonado positivamente en lo que hoy somos.

Analicemos entonces algunas de las posturas más relevantes de nuestros gobernantes.

El gobernador Mauricio Vila ha sido muy cuidadoso en no enfrascarse abiertamente en casi ninguno de los temas espinosos. Es un político inteligente y ha preferido que lo juzguen por omisión a que lo ataquen por acción. En el año que lleva como gobernador se ha enfocado sobre todo en temas económicos y de seguridad. Parece que ni la cultura ni los temas polémicos le interesan mucho. No le abonan, por ahora, para su promisorio futuro político. Lo más que le hemos oído decir, es que exhorta al Congreso para que las votaciones sean abiertas, cuando el tema del matrimonio igualitario vuelva a ser parte de la agenda del Legislativo.

Un error político, sin embargo, ha sido el despido de Regina Carrillo R. Valenzuela, coordinadora del Cecuny. Por alguna razón, el gobernador cedió ante la presión de los grupos conservadores que han estado siempre cercanos al poder, como el recalcitrante Frente Nacional por la Familia. Y, a diferencia del despido de Fausto Loría Ortiz, en el que el gobernador asumió el despido y lo publicó en sus redes sociales, en el caso de Regina, a pesar de que sí actuó, no lo mencionó. Deja ver que el despido de Regina es una medalla que no se quiere colgar.

¿Es que Mauricio Vila procedió de esa forma por seguir su propia ideología? ¿O simplemente para quedar bien con lo que considera la mayor parte del electorado?

De una forma u otra, el gobernador manda un mensaje claro a los movimientos que están pugnando por hacer extensivos los derechos a todas las minorías: Hago como que no los veo, pero sí los oigo.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, cometió la imprudencia política de plantarse frente al Monumento a la Madre, y alzó una denuncia pública y ante la Fiscalía General del estado, para perseguir a quienes hicieron las pintas durante la marcha del 28 de septiembre: “No vamos a tolerar estos actos que dañan el patrimonio de nuestra ciudad”.

Le ganó su propia postura ideológica, igual que cuando fue diputado local y se opuso a la unión de personas del mismo sexo. El alcalde no puso en una balanza el 'acto vandálico' de las pintas al Monumento a la Madre, con tantos delitos e injusticias sociales mucho mayores y faltas a los derechos humanos existentes en nuestra ciudad, contra los cuales nunca se ha pronunciado. Al tener una postura pública tan determinante en contra de los 'actos vandálicos', maximizó un hecho menor, y dejó para mejor ocasión la lucha por lo que es mejor para la sociedad.

Lo que sucede en el Congreso del estado es patético. El Congreso es la institución que puede, a través de la creación de leyes, garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero es en los hechos el organismo que más desprecio tiene hacia las minorías.

Felipe Cervera, presidente del Congreso, llegó a decir durante la votación para el matrimonio igualitario, que el tema se usaba para cobrar facturas políticas por un grupo de cuatro personas bien organizado. Esas declaraciones provocaron el #NoSomosCuatro y la indignación de una gran parte de los ciudadanos.

Rosa Adriana Díaz Lizama, por su parte, es la diputada que más abiertamente se ha manifestado en contra de las legítimas iniciativas que protegen los derechos de todos y actualmente promueve la ley antiaborto llamada Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán.

El hecho de que la votación para el matrimonio igualitario se haya realizado en secreto, así como las declaraciones de Felipe Cervera, demuestran cobardía e indiferencia ante un reclamo social intenso y vigente.

Al menos el PAN, a través de la diputada Díaz, ha podido capitalizar políticamente su postura conservadora con la parte del electorado que piensa de la misma forma. El PRI, en cambio, al no expresar abiertamente su postura, ni muestra ideología, ni capitaliza a una parte del electorado, y menos apuesta por lo que es mejor para la sociedad.

La población yucateca es mayormente conservadora, proclive a la continuidad de las formas de vida actuales, a mantener el statu quo, que en muchos casos desprotege a las minorías. Es una sociedad que piensa, que al aprobar derechos para todos, perdería los privilegios con los que cuenta.

En términos de derechos humanos, las mayorías estadísticas no deben decidir sobre las minorías. Esto lo han olvidado nuestros gobernantes, ya sea porque quieren quedar bien con esas mayorías estadísticas para las futuras elecciones, o porque ellos son parte de esa mayoría de privilegios.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.