El engañoso dilema entre salud y economía en Yucatán
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El engañoso dilema entre salud y economía en Yucatán

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El engañoso dilema entre salud y economía en Yucatán

18/05/2020

Luis Arturo Herrera Albertos, presidente de la Asociación de Agencias promotoras de Turismo de Yucatán.

El gobierno de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila, ha sido muy claro en su discurso alrededor de la epidemia del coronavirus: la salud primero y la economía después.

El axioma parece irrefutable. No entra dentro de una lógica humanista y empática, darle preeminencia a la economía sobre las vidas humanas. La economía se recupera, las vidas no, dicen los que defienden esa postura. Esta frase, sin embargo, es simplista y populista, y encierra una consigna peligrosa: equipar al gobierno con facultades extraordinarias, que en algunos casos pueden interferir con las libertades individuales.

Mauricio Vila es de los gobernadores mejor calificados por las encuestas de opinión en relación con el manejo de la emergencia por el coronavirus. En gran parte, porque la sociedad tiene miedo, y Vila ha sido muy proactivo y ha actuado con mano dura, lo que da una sensación de liderazgo y protección de la sociedad. En las redes sociales se puede ver el apoyo hacia el gobernante, ya que esta pandemia no es solo sanitaria, sino también es una pandemia de miedo: terreno fértil para que los gobernantes puedan extralimitarse en sus atribuciones sin que la sociedad los cuestione.

Bajo el argumento de que la salud es primero, el gobierno del estado se apresuró en su decisión de cerrar la economía y estableció algunas medidas excesivas que no han dado los resultados esperados. Veamos:

El primer caso de COVID19 se diagnosticó en Yucatán el 13 de marzo. Dos días después, el domingo 15, ya con 5 casos diagnosticados, el gobernador anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos, adelantándose una semana a la decisión del gobierno federal de hacer lo propio.

Para el 20 de marzo y con 21 casos confirmados, se ordena el cierre de bares, discotecas y centros nocturnos. El lunes 23 de marzo, con 34 casos confirmados, se cerraron cines, gimnasios y clubes deportivos y sociales.

Para el 1 de abril, el gobierno ordena cerrar todos los comercios y actividades no esenciales, teniendo un registro de 75 casos confirmados. El 6 de abril, el estado supera los 100 casos.

La Ley Seca aún vigente, se impone en el estado el día 10 de abril, con 141 casos confirmados (solo 4 estados en el país la decretaron en todo su territorio: Yucatán, Tabasco, Sinaloa y Puebla).

A nivel nacional se decreta la Fase 3 de la epidemia el día 21 de abril. Para el 24 de abril, se impone en Yucatán el uso obligatorio de tapabocas y un máximo de 1 persona por vehículo, teniendo 381 casos confirmados.

El 15 de mayo se superaron los mil contagiados, es decir, alrededor del 0.05% de la población del estado.

A pesar de que Yucatán cerró los centros educativos antes que el gobierno federal, impuso la Ley Seca en todo el estado, cerró la economía desde el 1 de abril y ha limitado la movilidad cerrando calles, el estado se ha mantenido consistentemente entre las primeras 8 posiciones de más contagios por cada 100 mil habitantes. Es decir, estamos en el 25% con más contagios del país.

¿De qué han servido entonces tantas medidas impositivas? ¿De qué ha servido una impopular e ineficaz ley seca que ya ha dejado 7 muertos por el consumo de alcohol adulterado?

Hay quienes argumentan que mientras más medidas haya, mejor, y mientras más pronto se apliquen, también mejor. Argumento incorrecto y guiado por el miedo, esencialmente porque la economía debe de estar cerrada el tiempo justo; lo mínimo posible.

La propagación del coronavirus en Yucatán está todavía en la curva de ascenso, no es el momento de abrir la economía. Pero al día de hoy, muchos negocios llevan cerrados ya dos meses, y partiendo del plan escalonado de reapertura que plantea el gobierno a partir del 1 de junio, habrán establecimientos que van a sumar 3 meses cerrados. Desafortunadamente muchos negocios cerrarán de manera definitiva. ¿Qué parte de responsabilidad le toca al gobierno del estado?

En países de economías desarrolladas, es mucho más adecuado hablar de cuarentenas prolongadas, cuando el gobierno tiene reservas suficientes para apoyar a la población y evitar que las empresas queden en bancarrota. No así en nuestro país, y menos en un estado como Yucatán, cuyo presupuesto está principalmente subordinado a las aportaciones federales.

Son indispensables los paquetes de emergencia de los gobiernos para proteger la economía. Yucatán hizo lo propio y solicitó un primer préstamo de 1,500 millones de pesos para salir al paso de la contingencia sanitaria, poner un fondo para evitar que se desplome el empleo y apoyar a los grupos más vulnerables con un seguro de desempleo y otros apoyos. Esos recursos, sin embargo, ya se están agotando, y para el mes de junio, estaremos de nuevo en estado de emergencia económica con esos 1,500 millones de pesos ya ejercidos.

No se trata de escoger a la salud primero y después a la economía, sino tomar decisiones en donde ambas compartan el mismo espectro.

Queda claro que las acciones de salud de los gobiernos no son para minimizar o evitar las muertes por el coronavirus, eso es imposible. Las acciones son para evitar que dichas muertes sucedan debido a una falta de atención médica.

Bajo ese contexto, se entiende que el gobernador no quiera cargar con muertes por coronavirus debido a la falta de infraestructura médica en el estado, pero ese temor, que puede arruinar sus aspiraciones a futuro, ha provocado que tome medidas precipitadas y exageradas. En su cálculo político, sus gestiones actuales lo libran de cargar con esa otra responsabilidad.

Si bien el gobernador ha convocado a mesas de trabajo con representantes empresariales y miembros de la sociedad civil, en la práctica sus decisiones no se han movido mucho a partir de la interacción con estos otros actores.

El gobierno de Yucatán ha tomado decisiones unilaterales, sin el consenso de la sociedad civil y las cámaras empresariales.

Debido al cierre prematuro de la actividad comercial, los daños a la economía serán más graves de lo que debieron ser.

Mauricio Vila tiene el apoyo de la mayor parte de la sociedad yucateca. Eso le ha dado mano ancha para tomar decisiones sin contrapesos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.