Democracia Eficaz

Romper el federalismo

Dar más poder a los coordinadores estatales en las entidades creará uno de los mayores riesgos de gobernanza en los próximos años y hará a un lado a los congresos locales.

La creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, es uno de los mayores riesgos de gobernanza para los próximos años. No sólo implica menguar la fuerza política de los gobernadores, sino afectar el funcionamiento de los gobiernos, el desarrollo de proyectos de infraestructura y hasta el sistema de rendición de cuentas.

Es cierto que la burocratización de las delegaciones del gobierno federal es ineficiente y que las delegaciones se convirtieron en espacios de control político, de construcción de alianzas de secretarios de Estado y también espacios de corrupción. Algunos delegados –por ejemplo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes– podían ser canales para negociar licitaciones y adjudicación de contratos para proyectos estatales con recursos federales.

Actualmente hay cerca de 500 oficinas de delegaciones federales en todo el país. Algunas entidades llegan a tener hasta 30 delegados, desde aquellos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Educación Pública y Economía, hasta los de la Comisión Nacional del Agua, el Infonavit y la Procuraduría Federal del Consumidor. Algunas delegaciones se justifican, pero otras son espacios políticos para tejer redes de "grilla". Si se suma todo, el personal que labora en esas delegaciones puede sumar miles de personas en algunas entidades.

Sin embargo, la solución que ofrece el nuevo gobierno implica enormes riesgos. Por una parte, es positivo compactar esas delegaciones, pero el ahorro puede ser limitado puesto que la mayor parte de sus trabajadores son sindicalizados y muchos son personas de la localidad. Si el gobierno federal inicia con la liquidación de miles de trabajadores para lograr el ahorro que se busca, comprará un conflicto político nacional. Si no toca al personal de base porque se trata de la gente del pueblo a la que no se quiere afectar, entonces la medida no tendrá ahorro significativo.

El problema radica en el rol político que tendrían los coordinadores estatales. Si se trata de contar con facilitadores administrativos que ayuden a coordinar proyectos entre la Federación y las entidades, entonces lo que procede es nominar personal con ese perfil: administradores con experiencia gerencial y burocrática que ayuden a destrabar procesos. Su labor sería quitar obstáculos.

Pero ocurre que los futuros coordinadores son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán. De los 32 propuestos, 40 por ciento tiene experiencia legislativa, 30 por ciento con experiencia en gobiernos locales, 11 políticos han sido dirigentes estatales de Morena y 11 han militado en otros partidos políticos. Cinco de ellos compitieron recientemente por la gubernatura ahí donde serán designados. Eso los convirtió en enemigos de los gobernadores en funciones o electos, aunque ahora aseguran, como Delfina Gómez en el Estado de México, que no le pondrán el pie al gobernador.

Carlos Lomelí fue candidato a gobernador de Morena en Jalisco y perdió frente a Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Ha dicho que su trabajo será de coordinación, pero ya anunció que dará conferencia de prensa todos los días a las 6 de la mañana, como López Obrador. Lo que Lomelí hará es competir por la atención pública frente al gobierno estatal y erigirse como el mejor conducto para que el gobierno federal apoye a sectores u organismos de Jalisco. El sector empresarial de esa entidad ha expresado preocupación por el perfil de Lomelí y por las acusaciones de tráfico de influencia y de vínculos con el crimen organizado. ¿Podrá Lomelí ser un facilitador en Jalisco o se convertirá en un obstáculo para el buen gobierno?

En Guerrero, el coordinador propuesto, Pablo Amílcar Sandoval, criticó que el gobierno de Héctor Astudillo tuviera "ansiedad" por pasar iniciativas en el último periodo de su Congreso. Aún no toma posesión y ya está cuestionando el desempeño del gobierno. Para ser funcionales, los delegados deben ser discretos y no intervenir en la marcha del gobierno estatal. Por su perfil y porque muchos quieren ser gobernadores, la mayoría de los coordinadores serán todo menos discretos y serán juzgadores de los actos del gobierno estatal.

Llama la atención la pasividad de muchos gobernadores, quienes observan desde las penumbras cómo se gestan gubernaturas paralelas que los afectarán. Solamente Enrique Alfaro ha expresado su rechazo y anunció que su "relación con el gobierno de la República será directa con el presidente y con sus secretarios de Estado", y dijo que la figura de delegados vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal.

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, afirmó que López Obrador está utilizando su amplio margen de victoria para "imponer un control inadecuado a nivel local", y criticó el perfil de los coordinadores propuestos ya que, según él, "no son perfiles técnicos ni administrativos, sino netamente políticos, concretamente de operadores electorales que van a ser una especie de virreyes". Un gobernador del PRI comentó en privado que la figura se crea para dos cosas: construir las candidaturas de Morena a gobernador en los próximos años y cimentar la estructura territorial del partido en los estados.

Si López Obrador quiere controlar los excesos y la corrupción que muchos gobernadores han cometido en los últimos años, ahí están los congresos locales donde Morena tendrá mayoría en al menos 18 entidades. Esa es la vía institucional para generar un sistema de pesos y contrapesos que ayude a la rendición de cuentas.

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