Presupuesto para combatir la corrupción
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Presupuesto para combatir la corrupción

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Presupuesto para combatir la corrupción

08/01/2019
Actualización 08/01/2019 - 13:45

Lo presupuestos públicos reflejan las verdaderas prioridades de los gobiernos. Aunque el dinero no lo es todo, sí es un insumo para que las promesas de campaña se conviertan en resultados. Bajo ese criterio, el nuevo gobierno federal le concede poca importancia a su lema central, que ha sido combatir la corrupción.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por ejemplo, la nueva Fiscalía General de la República (FGR) ejercerá un presupuesto 5.5 por ciento menor del que percibió la institución que le antecedía, la PGR. Al interior de la FGR se montará la Fiscalía Anticorrupción sobre la estructura de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Hasta el momento, no es posible conocer el monto asignado a esta unidad administrativa, ahora fiscalía especializada, pero es previsible que enfrente una reducción igual que el resto de la institución.

El presupuesto de esta unidad para 2018 fue de 37.5 millones de pesos. Esta unidad presenta deficiencias institucionales serias en términos de capacidad, ya que cuenta con apenas 41 agentes del Ministerio Público adscritos y 108 servidores públicos que componen el personal de apoyo sustantivo de la dependencia. Con este personal tiene que investigar y llevar a cabo indagatorias sobre cientos de denuncias provenientes de distintas instituciones.

Por mencionar un ejemplo, en los últimos 15 años la Auditoría Superior de la Federación ha presentado cerca de 900 denuncias ante dicha unidad por posibles hechos de corrupción en el empleo de recursos públicos, y apenas 10 de ellas llegaron a juicio. Al reducir el presupuesto de la unidad, el rezago y la impunidad sólo crecerán. Aquí no sólo se requieren ganas y voluntad, sino también abogados, auditores y proyectistas.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) enfrentará una reducción del 24 por ciento. También algunos órganos autónomos vinculados de forma indirecta a las tareas anticorrupción del país, como lo ocurrido con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (menos 18 por ciento).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuyo propósito es la detección y prevención de delitos financieros, también verá reducido su presupuesto en 16.5 por ciento respecto a 2018 (poco más de 211.4 millones de pesos). Ciertamente, esta Unidad tendrá más impacto en la materia: acaba de firmar un convenio de colaboración con la SFP para combatir la corrupción y su nuevo titular es ambicioso y con arrojo. Pero no sólo de ganas vive el combate a la corrupción.

Destaca que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) no cuenta con una partida específica dentro del PEF 2019, como sí fue el caso en 2018 (al menos no se conoce una versión pública del Presupuesto que la desagregue). Se sabe que recibirá 137 millones de pesos, una reducción de 20.3 por ciento respecto a los 172 millones que recibió el año pasado.

La SESNA es el órgano de apoyo técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y ejecuta las evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto, sus avances y sus resultados. Es el corazón operativo del sistema, sin cuya existencia el SNA es agua entre los dedos.

La única institución del SNA que tendrá un aumento a su presupuesto es la Auditoría Superior de la Federación, que ejercerá 3.3 por ciento más recursos en comparación con 2018.

Reitero: el dinero no lo es todo. La voluntad política es en ocasiones tan relevante como las sumas de dinero invertidas en la maquinaria para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Sin embargo, tampoco se conocen las líneas generales del combate a la corrupción del nuevo gobierno, más allá de las promesas de que ahora la corrupción será cosa del pasado –“me canso ganso”.

Es verdad que la atribución de diseñar o delinear la política nacional es del Comité Coordinador del SNA, pero el Poder Ejecutivo debería de contar con metas claras y con una guía de las acciones de la administración pública federal.

El gobierno ha presentado muchas propuestas y programas de austeridad, pero casi nada en combate a la corrupción. Quizá la única acción concreta del gobierno federal en la materia ha sido la iniciativa para hacer de este delito uno de naturaleza grave. Seguimos a la espera.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.