Democracia Eficaz

Otro contrapeso en riesgo

Es la primera vez que ocurre que un presidente en funciones cuestione de forma personal el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y pida investigar a su titular.

No es la primera vez que se ataca desde el gobierno a la Auditoría Superior de la Federación (ASF): lo hizo la administración de Vicente Fox en 2003 cuando interpuso una controversia constitucional para evitar que indagara un fondo de rescate bancario llamado Fobaproa y filtró documentos a la prensa para desacreditar a su entonces titular, Arturo González de Aragón.

No es la primera vez que la Auditoría señala irregularidades del gobierno: lo ha hecho año con año en las últimas dos décadas. De hecho, las observaciones han sido mayores en muchos años: si en la revisión de la Cuenta Pública de 2019 (la que está en curso) se hicieron observaciones por un monto agregado de 100 mil millones de pesos, en la de 2016 ascendieron a 170 mil millones de pesos.

No es la primera vez que los medios destacan los hallazgos de la ASF. Solo recordar que la llamada 'estafa maestra' es quizá la investigación de más atención mediática que ha llevado a cabo la Auditoría e incrimina a varios funcionarios del gobierno de Peña Nieto y por el cual Rosario Robles está en la cárcel. Asimismo, varias auditorías hechas entre 2010 y 2015 dieron luz sobre las irregularidades del exgobernador Javier Duarte en Veracruz y eso ayudó a su encarcelamiento posterior.

Nunca escuché que el presidente Peña acusara al entonces auditor de mentiroso.

Lo que sí es la primera vez que ocurre es que un presidente en funciones cuestione de forma personal el trabajo de la Auditoría y pida investigar a su titular (como si se tratara de una conspiración en su contra). Este informe es apenas parte de un proceso global de revisión: ahora siguen las aclaraciones, las compulsas, la entrega adicional de información para solventar observaciones. Y solo cuando éstas no se hayan aclarado, la Auditoría interpone denuncias de diverso tipo.

López Obrador quiere desacreditar, en lugar de aclarar. A él no corresponde pedir una investigación del auditor. Al interior de la Cámara de Diputados hay una Comisión de Vigilancia cuya función es exactamente esa: vigilar e investigar el desempeño de la propia Auditoría. Y dicha comisión cuenta con un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control, para apoyar a los legisladores en dicha tarea.

Desafortunadamente, ya se ha gestado un daño parcial –ojalá temporal– a la credibilidad de la Auditoría. La repetición que hace López Obrador de que la ASF lo quiere afectar (sin pruebas ni contexto) le abrió la puerta al secretario de Hacienda, a la de Energía y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para desacreditar los hallazgos que los incumben.

Están en juego dos cosas. Por una parte, la fortaleza institucional de la ASF –la institución más antigua del Estado mexicano ya que ha existido desde 1824 bajo diferentes nombres. Sin ella, el Congreso no puede ejercer el poder de vigilante efectivo del ejercicio del gasto público.

Lo segundo en juego es el desorden administrativo y la falta de planeación y ejecución pulcra de los programas sociales y los proyectos de infraestructura de este gobierno. La alerta es que hay errores básicos en la administración del gobierno: falta de padrones confiables de beneficiarios, pagos irregulares en Pemex, falta de cumplimiento de requisitos para construir obra pública, proyectos como el Tren Maya o el aeropuerto que no son rentables, errores en la adquisición de medicamentos, por señalar algunos.

Si gana la retórica de López Obrador se habrá perdido una oportunidad para prevenir el dispendio de un gobierno 'austero'. Parece contrasentido, pero los hallazgos de la Auditoría son abrumadores: al amparo de las buenas intenciones y de una presunta austeridad que efectivamente ha tocado las puertas de muchas áreas del gobierno, se llevan a cabo programas sociales u obras públicas sin planes ni metas ni estrategias ni sentido de eficiencia.

En lugar de aprovechar para corregir, AMLO quiere desacreditar al mensajero. Lo podrá acallar ahora, pero una vez que él salga de la presidencia su legado será destruido con la evidencia de desorden y dispendio que surgirá con el paso de los años. Y entonces pasará a la historia como Luis Echeverría o José López Portillo: los malos administradores de la docena trágica.

COLUMNAS ANTERIORES

Crece la confianza en el gobierno
Por un pacto de legalidad para frenar el golpe de Estado técnico

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.