Las falacias del combate a la corrupción de los expresidentes
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Las falacias del combate a la corrupción de los expresidentes

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Las falacias del combate a la corrupción de los expresidentes

25/02/2020
Actualización 25/02/2020 - 14:15

Desde la campaña presidencial de 2018, López Obrador ha desplegado un discurso contradictorio y falaz respecto al combate contra la corrupción de los expresidentes de la República. Por una parte, asegura que sus antecesores —desde Salinas hasta Peña Nieto— fueron corruptos e inmorales, por decir lo menos. Por la otra, no está a favor de enjuiciarlos, lo suyo es el perdón y ver hacia adelante. No obstante, deja abierta una ventana: si el pueblo lo pide, los someterá a un proceso de investigación y/o sanción, sin distinguir de qué tipo.

La semana pasada dio una lista de las “atrocidades” que cometieron sus antecesores, comenzando por Salinas y su responsabilidad con la desigualdad social; Zedillo por el Fobaproa; Fox por imponer a Calderón a través de un fraude electoral; Calderón porque para ganar la legitimidad que no tenía declaró la guerra al narcotráfico y, además, su brazo derecho estaba al servicio de la delincuencia (en alusión a García Luna).

En el caso de Peña Nieto, dijo que simplemente “permitió la corrupción abierta”.

La retórica del no combate a la corrupción de los expresidentes tiene tres problemas. Primero, si cumple su palabra, el presidente López Obrador se convertiría en obstructor de la justicia pues si asegura que sus antecesores fueron corruptos y no los denuncia o provee lo necesario para ello, estaría incumpliendo su responsabilidad constitucional, política e incluso moral, como tanto le gusta presumir. Si la corrupción “se barre de arriba hacia abajo”, ¿cómo explicar que la excepción son los expresidentes a quienes acusa todos los días de corruptos?

El segundo problema es dar al pueblo la última palabra. No se puede realizar una consulta popular para iniciar un juicio (¿de qué tipo o por qué delito?) si se afecta el debido proceso y se limitan los derechos humanos. Imaginemos que el domingo 2 de agosto (la primera fecha disponible para organizar una consulta popular) se instalan casillas para preguntar al pueblo si quiere que se “enjuicie a Peña Nieto”. ¿Cuál sería la pregunta en específico? ¿Se darían a conocer las pruebas para ello? ¿Si se ofrecen pruebas entonces cómo justificar que la Fiscalía General no haya presentado las denuncias ante la autoridad judicial correspondiente?

El tercer problema tiene que ver con la prescripción de los delitos: los procesos penales que pudieran iniciarse en contra de los expresidentes enfrentarían el obstáculo legal del tiempo transcurrido desde que se cometieron —presuntamente— los delitos de corrupción y el momento en el que se ejercitase la acción penal. La mayoría de los tipos penales que podrían encuadrar en las acusaciones (peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias) prescriben entre cuatro y ocho años después de cometidos, por lo que, en todo caso, únicamente podría juzgarse a Peña Nieto.

¿Y entonces qué le dices al pueblo si pide enjuiciar a Salinas? Como la constitucionalidad de las preguntas de una consulta popular deben ser validadas por la Corte, luego entonces desecharía todas aquellas que tuviesen que ver con perseguir a expresidentes. Sería la Corte el enemigo de la justicia popular a los ojos del pueblo frustrado. Muy peligroso.

La ambivalencia de López Obrador respecto a esta postura abiertamente discrecional no ha tenido una respuesta de nadie. El presidente repite el argumento con mayor frecuencia: la semana pasada lo hizo jueves y viernes. A medida que su gobierno enfrente mayores adversidades y se acerque la elección de 2021, la tentación de inducir una consulta para enjuiciar a exmandatarios crecerá. Y el problema se saldrá de control con los daños colaterales a las instituciones.

Para que este engaño no siga creciendo, se debe exigir al presidente que proceda legalmente si conoce de actos de corrupción de su antecesor inmediato, pero no mantener la expectativa que dará lugar solamente a un juicio mediático que por su naturaleza fracasaría en el plano jurídico. Es claro que el presidente de la República no puede enjuiciar a Salinas, Zedillo o Fox porque en sus declaraciones no se configura un delito claro si no solamente acusaciones políticas y, si los hubiese, ya habrían prescrito los presuntos delitos.

En el caso de Calderón, tendría que ser por delitos de lesa humanidad, de los cuales ya se han presentado ante la Corte Penal Internacional.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.