El presidente López Obrador amenaza con cruzar líneas rojas. Ha advertido que su gobierno absorberá las funciones de varios órganos autónomos –el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia (Inai)– a los que tacha de caros, ineficientes y reductos de los privilegios del régimen neoliberal.
Para quienes creemos en la nueva gerencia pública que busca gobiernos innovadores al servicio de la gente, es clara la ceguera, confusión y anacronismo de la visión de AMLO. El presidente piensa que entidad que no da dinero al pueblo, entidad que no sirve. Piensa –además– que su gobierno no debe dar cuentas a reguladores que no fueron electos por el pueblo. Considera ofensivo que Pemex o la CFE deban pedir autorizaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Reguladora de Energía (CRE).
La austeridad populista de López Obrador hace eco en buena parte de la población. La mayoría, por ejemplo, no sabe lo que hace la Cofece o el Ifetel, de tal forma que su eliminación implicaría aplausos (más dinero para el pueblo) y muy bajos costos (la opinión pública del círculo rojo). Salvo muy pocos, la mayoría de los órganos autónomos no ha construido una narrativa clara y efectiva de su misión y su relevancia, de tal forma que a muy pocos dolería su extinción.
López Obrador va tras varios órganos autónomos ya: no esperará el riesgo de perder curules en la elección intermedia, sino que aprovechará su aún amplia mayoría en la Cámara de Diputados para promover la reforma constitucional. Si no lo lograse, podrá atrofiarlos mediante reducciones drásticas a su presupuesto de 2022.
Esta es una línea roja cuyo cruce debe evitarse a toda costa. Hasta ahora López Obrador ha roto vasos, pero esto implica romper la vajilla. La reducción de sueldos o la desaparición de subsecretarías son hechos que han afectado el desempeño del gobierno, pero que son restaurables. Desparecer órganos autónomos implica bombardear la infraestructura del Estado mexicano y dejarlo parapléjico para una administración y regulación moderna del acceso a la información, la competencia económica y la regulación de los sectores de la energía y las telecomunicaciones.
No solo eso, se trata de una pésima desinversión. Gestar estos órganos llevó un trabajo de discusión, negociación e inversión en infraestructura física y humana durante más de dos décadas. Desparecerlos implica una pérdida enorme de capital acumulado y, a cambio, un ahorro de no más de dos o tres mil millones de pesos por año, que es mucho menos de lo que Pemex pierde en una semana por una variación del precio del petróleo.
El mayor desafío para la defensa de los órganos autónomos es explicar su relevancia para la gente de carne y hueso. He leído cartas de apoyo a dichos órganos y veo mayormente expresiones inentendibles, fraseos rimbombantes y razonamientos teóricos que poco dicen al público sobre la relevancia de su existencia. Lucen alejados de la gente, elitistas y sin conexión con la realidad. Si ese es el lenguaje para combatir el populismo anacrónico de López Obrador, la batalla está perdida.
Es necesario contestar preguntas sencillas: ¿Cómo la transparencia ayuda a mi vida cotidiana? ¿Qué significa la CNH para que haya más producción de petróleo y tengamos más gasolinas? ¿Cómo la Cofece me ayuda a tener más y mejores productos en el estante del supermercado? Aunque algunos lo han intentado, el mensaje no ha permeado.
López Obrador cambia los términos del debate de forma tramposa. Ahora dice que estos órganos son reliquias para proteger al régimen neoliberal. Pero esos órganos fueron –en buena medida– fruto de la lucha de la izquierda desde los años ochenta que buscaba arrebatarle a la hegemonía política del PRI pedazos de poder para proteger a los luchadores sociales, combatir el abuso del poder y la corrupción, erradicar el fraude electoral, evitar crisis económicas y contener el capitalismo de cuates.
La cautela y discreción de quienes encabezan esos órganos autónomos ahora debe cambiar hacia una defensa clara y sin ambigüedades. López Obrador está a punto de cruzar las primeras líneas rojas del sistema democrático del país; si lo logra, después vendrá el INE y el Banco de México. Y ya será muy tarde.
(Nota de aclaración: En México hubo una multiplicación excesiva de órganos autónomos. Pasamos de tres a inicios de los años noventa: el Banco de México, el IFE y la CNDH a más de 12 a mediados de esta década. Se convirtió en una suerte de fetiche: si tienes un problema grave que atender, crea un órgano autónomo. Y la pereza gubernamental nos condujo a esa ruta: en lugar de garantizar que muchas funciones esenciales se llevaran a cabo desde la administración pública central, en ocasiones era más fácil conceder a los críticos la creación de autonomías como si ellas mágicamente resolvieran los problemas. Defender a los órganos autónomos no significa defender la existencia de todos ellos).