La Suprema Corte definirá si Jaime Bonilla gobierna Baja California por dos o por cinco años. Si actúa con base en sus precedentes invalidará la llamada 'ley Bonilla'. Si otros criterios prevalecen y la impugnación no alcanza ocho votos, la reforma será válida y Bonilla será gobernador por cinco años.
La trama de la historia es bien conocida. En los próximos días el Congreso local de Baja California enviará al gobernador la reforma constitucional para su publicación. Si el gobernador del PAN se rehusase (por buenas o malas razones), el Congreso local podrá hacerlo (no hay veto de bolsillo).
El Congreso local argumentará que su reforma es legítima porque el pueblo quiere un gobernador de cinco años. No importa que el domingo pasado haya votado una hiperminoría de habitantes; tampoco que falte certeza de los votos emitidos; menos aún que sea una consulta ilegal.
La narrativa de Bonilla es que el pueblo ha hablado y que por tanto tienen la razón política. Ya la Corte resolverá lo legal. ¿Qué decidirá la Corte?
En 2007 resolvió que no se podían prorrogar los periodos de diputados locales de Chiapas porque violaba los principios:
1) de no reelección,
2) de renovación periódica de los poderes representativos mediante elecciones,
3) del derecho a votar y ser votados,
4) de irretroactividad de la ley, y
5) de supremacía constitucional. La Legislatura local había reformado la Constitución local para extender los periodos de sus diputados para homologar calendarios electorales.
Lo mismo mandató la Corte frente a una acción de inconstitucionalidad en Michoacán por una reforma también en 2006 para ampliar los plazos de diputados y ayuntamientos y empatar las elecciones locales de gobernador, Congreso local y ayuntamientos, con las federales. La Corte resolvió que era invalidó. Algo semejante ocurrió para Oaxaca que intentó una ampliación de mandato.
Aunque la Corte ya se ha pronunciado en el pasado respecto a la inconstitucionalidad de ampliar los periodos de gobierno, la presión política y los nuevos equilibrios internos tras la salida del ministro Medina Mora, generan incertidumbre. Para declarar la invalidez de la reforma a la Constitución estatal de Baja California que aumenta el periodo de gobierno, se requieren ocho votos en la Corte. Actualmente hay 10 ministros en activo, de los cuales dos fueron nominados por AMLO. El ministro presidente fue electo en enero de 2019 con la anuencia del nuevo gobierno.
Algunos temen que los nuevos vientos políticos podrían generar tal presión política que la acción de inconstitucionalidad no reúna los ocho votos necesarios y Jaime Bonilla sea gobernador por cinco años. Sería una señal ominosa para el sistema democrático y la primera señal de alerta de que el sistema de pesos y contrapesos está en riesgo.
Cambiaría la imagen y prestigio que la Corte ha construido en tres décadas.