López Obrador ha dicho una y otra vez que la corrupción se barre como las escaleras: de arriba hacia abajo. Imagina que sólo los altos funcionarios cometen peculado o aceptan sobornos. Sacraliza al pueblo y lo llama bueno y honesto. Si hay corrupción, sólo puede venir de los ricos y acomodados del periodo neoliberal.
Pero la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dice que la corrupción a pequeña escala, aquella que practican los ciudadanos en su trato cotidiano con autoridades de gobierno –municipal y estatal– creció en 2019.
La mayor cantidad de actos de corrupción se concentra en el contacto con autoridades de seguridad pública, en los que un 59.2 por ciento de los usuarios reportaron haber experimentado algún acto de corrupción: cartas de no antecedentes penales y solicitudes de licencias. También en trámites en instituciones de salud y empleo y conexión o reconexión de energía eléctrica.
Según la encuesta del Inegi, en 2019 hubo 19.2 por ciento más de actos de corrupción en instituciones de gobierno –al pasar de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019–; y hubo 7.5 por ciento más víctimas de actos de corrupción –al pasar de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019–. Lo que el Inegi nos dice básicamente es que México es crecientemente más corrupto en los trámites cotidianos que enfrentan sus habitantes.
La corrupción de abajo es costosa. Según el mismo Inegi, el costo de aquellos que fueron víctimas de la corrupción fue de tres mil 822 pesos promedio por persona afectada el año pasado.
No hay nada nuevo bajo el sol: México, sus gobiernos y los habitantes del país –en general– son proclives a ser parte del engranaje de la corrupción como un mecanismo para agilizar trámites u obtener beneficios. Esto no es resultado de una acción deliberada del gobierno federal, obviamente; pero sí contrasta con los dichos de López Obrador de que la corrupción ya no existe, como ha repetido constantemente.
La encuesta también advierte la ingenuidad o la vacuidad de las declaraciones del presidente que piensa que por mera voluntad propia el problema se va a disipar. Nos dice también que, estructuralmente hablando, México seguirá siendo igualmente corrupto durante los próximos años, a menos que se tomen medidas preventivas en los gobiernos locales, eso es, que se barra la corrupción también de abajo hacia arriba.
Para los mexicanos de carne y hueso es muy relevante que su policía ya no los extorsione o que no deban pagar para realizar un trámite escolar. Lograrlo requiere una reingeniería de procesos, capacitación de policías y más recursos para dignificar la función de los servidores públicos de los ayuntamientos. Y bajo el paraguas de la austeridad, ninguno de esos cambios está ocurriendo.
Si el gobierno de López Obrador persiste en combatir la corrupción con saliva bajo la creencia de que la honestidad del jefe equivale a un acto de transformación divina de todos quienes trabajan en la política, en 2025 nos levantaremos igualmente corruptos como lo éramos en 2018. Ojo, puede haber menos corrupción en Palacio Nacional o incluso entre algunos integrantes del gabinete; pero eso no se exporta mágicamente al resto de los gobiernos locales y a todas las regiones del país.
La encuesta también muestra que en cuanto a percepciones hay una mejoría en materia de corrupción. La gente tiene confianza de que López Obrador está combatiendo el problema, aunque los datos en los gobiernos locales digan lo contrario. La ENCIG muestra que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.
La ENCIG también muestra otro dato importante: la confianza en las instituciones mejoró notablemente. Entre 2017 y 2019 la confianza del gobierno federal pasó de 25.5 por ciento a 51.2 por ciento; incluso la de los partidos políticos y del Congreso mejoró, aunque sigue siendo baja.
Esto es un efecto neto del fenómeno López Obrador, quien trajo confianza y la esperanza de que las cosas mejoren en favor de la población. Es quizá por ello que las encuestas de percepción (no de victimización) sí reflejan que los mexicanos piensan que en este gobierno hay más honestidad que en los gobiernos anteriores.
Que los gobiernos sean austeros no significa necesariamente que sean íntegros, son dos cosas diferentes.