La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada las leyes que completan la derogación de partes esenciales de la reforma educativa promovida en el entorno del Pacto por México hace varios años. Como parte de este nuevo marco normativo se reconoce que se asignarán plazas de forma automática a los egresados de las escuelas normales públicas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centro de Actualización del Magisterio.
Se trata de una decisión política del presidente que negoció de forma directa con el magisterio y luego impuso sus acuerdos a sus bancadas en el Congreso de la Unión. Por supuesto que es válido que Morena apoye a su presidente; el problema es que lo hicieron violando el contenido de las mismas enmiendas que hicieron a la Constitución hace pocos meses.
El presidente optó por pagar facturas políticas a los líderes sindicales de la CNTE en lugar de pensar en mejorar las oportunidades de millones de niños a través de una mejor educación. López Obrador piensa en el aquí y ahora: cómo distender la rijosidad de los maestros en lugar de pensar en el futuro del país.
Ninguna medida del nuevo gobierno ha sido tan abiertamente antipopular como ésta. Antipopular en el sentido de ir en contra del interés de niños y jóvenes cuya única opción de movilidad social es la educación de calidad. No es que la educación pública lo haya sido hasta ahora; pero justamente se requería un cambio para elevar los estándares y la contrarreforma de la semana pasada favorece el interés de los sindicatos, no de la calidad educativa.
Una vez que el Senado ratifique los cambios aprobados por los diputados y sean publicados, iniciará un proceso de impugnación ante la Suprema Corte. Es previsible que al final del proceso —en uno o dos años— la Corte declare inconstitucionales algunos artículos aprobados. Se mandatará entonces que el Congreso corrija las partes señaladas y volveremos al escenario de hace dos semanas: bloqueos de la Corte primero, del Congreso después, y un largo etcétera.
La contrarreforma educativa tiene un efecto global muy pernicioso que va más allá del tema de la educación pública: la señal de que el esfuerzo individual vale menos que los beneficios de los sindicatos; la señal de que el mérito no es un valor y que paga más la presión en las calles que la dedicación en el salón de clases.
El clientelismo es una de las plagas que más daño han causado para construir una democracia más representativa del interés público y de mayor calidad. Que sean las clientelas las que manden por encima de los intereses de personas y de leyes es una castración para el futuro de una sociedad igualitaria donde se premie la cultura del esfuerzo.
Si el mérito para acceder a una plaza docente no importa, tampoco debería de importar para acceder a un cargo en el Congreso o en la burocracia. Si el mérito es elitista, también habría que eliminar las evaluaciones de estudiantes, los exámenes finales o las tesis para obtener un grado.
En la visión de López Obrador, los exámenes segregan y marginan. Él tiene una visión incluyente donde las evaluaciones son instrumentos tecnocráticos.
Bajo esa lógica, todos los profesionistas también deberían tener acceso a una plaza al terminar sus estudios; no debería ser un beneficio exclusivo de los profesores de educación básica. Los médicos deberían tener plazas garantizadas en los hospitales, al igual que los ingenieros y licenciados recién egresados en sus respectivos campos de trabajo.
López Obrador ha defendido la rectoría del Estado una y otra vez, sobre todo en materia energética; pero en materia educativa ha abdicado.