Democracia Eficaz

Hacia una monarquía presupuestaria

El presidente López Obrador quiere abrogarse toda la autoridad para conducir la crisis mediante su visión de país y eso aumenta el riesgo de equivocación.

La iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y darle al presidente la autoridad para modificar el Presupuesto sin la aprobación del Congreso a fin de enfrentar la emergencia económica es de enorme riesgo para el país. Significa eliminar –en los hechos– el papel de control de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto y vigilar el ejercicio del gasto público. Significa que el presidente podría definir proyectos, modificar programas y gastar de forma discrecional sin rendir cuentas a nadie.

En México el Congreso ha abdicado en muchas ocasiones de su función de vigilante del Presupuesto por falta de interés y de capacidad. Las amplias mayorías legislativas con las que cuenta López Obrador, de la misma manera que ocurría con el PRI hegemónico del siglo XX, han hecho que los presupuestos se aprueben sin la deliberación adecuada y que no se dé seguimiento oportuno a su ejecución. Sin embargo, que el Congreso haya abdicado del poder de la bolsa no significa que su mandato deba eliminarse en la ley, aunque vivamos tiempos de emergencia económica.

Es justamente en estos momentos de situaciones extraordinarias cuando la gobernanza del país requiere la unidad de propósito, de deliberación y de negociación. El presidente López Obrador quiere abrogarse toda la autoridad para conducir la crisis mediante su visión de país y eso aumenta el riesgo de equivocación. López Obrador tiene mayoría en la Cámara baja para pedir su apoyo y modificar el Presupuesto y someter su visión al beneplácito del Congreso. Pero el presidente prefiere navegar solo y no entablar diálogo con nadie, igual que ha pasado con los gobernadores.

La propuesta de López Obrador dice que cuando haya emergencias económicas, el Ejecutivo podrá modificar montos y hacer reasignaciones de dinero entre proyectos y programas sin pedir autorización. No importa el tamaño. La ley vigente dice que cuando haya una caída de ingresos mayor al 3 por ciento, el gobierno debe poner a consideración del Congreso los rubros de gasto a reducir. La semana pasada, López Obrador ya anunció reducciones al gasto sin siquiera haber pedido opinión de los legisladores.

En lugar de modificar la Ley de Presupuesto, el presidente podría proponer una modificación al decreto de Presupuesto aprobado el año pasado. Cuenta con los votos para lograrlo, incluso sin negociar con la oposición, y ello evitaría cambiar una ley para resolver una coyuntura.

Por su vaguedad, la iniciativa daría al presidente la facultad de definir cuándo existe emergencia económica y entonces tomar el control absoluto del tren del Presupuesto. ¿Y si la emergencia dura hasta el final del sexenio? ¿Y quién define qué es emergencia? ¿La emergencia se define por el desempleo o por la caída del PIB o por la falta de inversión?

Finalmente, la iniciativa es inconstitucional porque contradice el artículo 74, que establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (y sus modificaciones). Por supuesto que el presidente requiere mayor autoridad presupuestaria para reaccionar con agilidad ante el entorno cambiante; para ello se pueden establecer causales específicas, una temporalidad clara y no suprimir el papel del Congreso.

López Obrador anunció el sábado pasado las 10 medidas que su gobierno lleva a cabo para apoyar a la planta productiva. Una de ellas –dijo– es el Estado de derecho que da certeza a la inversión. Pero iniciativas como esta generan una enorme preocupación del desdén del presidente por el marco constitucional. Y también de la falta de profesionalismo de su gobierno para darle sustento jurídico a los deseos del presidente.

Finalmente, sería absurdo que el Congreso aprobará una reforma que lo mutila.

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