AMLO y la consulta de revocación
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AMLO y la consulta de revocación

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AMLO y la consulta de revocación

19/03/2019
Actualización 19/03/2019 - 12:29

El presidente López Obrador tiene el derecho, e incluso la obligación política, de empujar su promesa de someterse a una consulta de revocación de mandato. Una y otra vez ha dicho que “si el pueblo pone, el pueblo quita”. Pero ese ejercicio de rendición de cuentas debe cumplir ciertos requisitos para que efectivamente lo sea y evitar daños colaterales. Si el Congreso mexicano promulga una legislación adecuada, tendremos en México un marco legal para contar con un ejercicio novedoso de democracia participativa.

Lo primero es cuidar la naturaleza de un ejercicio cuyo nombre explica su propósito: consulta de revocación de mandato. Eso es, el objetivo primigenio es deponer a un presidente quien, por incapacidad, traición a la patria o cualquier otra razón ha perdido la confianza de la población. Por eso resulta ilógico que la pueda solicitar el mismo presidente que sería removido del cargo. Quien lo debe solicitar son las personas o los partidos que enarbolen la causa, no el presidente en funciones o su partido político.

Si el presidente lo puede solicitar como establece la minuta aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, el ejercicio puede convertirse en una consulta de ratificación de mandato, una suerte de aclamación popular para pedirle al presidente que siga en el cargo.

La segunda condición es que se reflexione el procedimiento en caso de que gane el 'sí' revocatorio. La minuta aprobada sólo remite al artículo 84 constitucional, que establece que si ocurre una falta absoluta del presidente durante los cuatro últimos años del periodo, el Congreso elige a un presidente sustituto. ¿Es ese el mecanismo adecuado cuando la población vota para deponer a un presidente en funciones? ¿O debiésemos ir a una nueva elección?

Acaso López Obrador sea muy popular ahora y gane holgadamente una consulta para permanecer en el cargo; pero nadie puede anticipar qué pasaría si hay una crisis económica que hunda su popularidad. O, por ejemplo, si en 2027 se activa la consulta con un presidente impopular. O en 2033. Probablemente muchos legisladores sólo están pensando en 2021; pero se trata de una legislación para las próximas décadas.

La tercera condición para que la consulta revocatoria no genere daños colaterales es evitar que contamine las campañas federales y locales de 2021. Si López Obrador está en la boleta hará proselitismo en todo el país y será inevitable que haga campaña también por los candidatos de su partido: se compiten 300 diputaciones federales, 13 gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.

Evitar el empalme de la consulta de revocación con las campañas de 2021 implica que el referéndum se realice en una fecha distinta. Movimiento Ciudadano ha propuesto que sea el 1 de diciembre. López Obrador y otros han dicho que eso implica doble costo. Y efectivamente, consultar al pueblo implica costos. Pero entre dos males, consulta que se empalme con la jornada electoral y que afecte la equidad de la contienda o consulta en fecha distinta con mayor costo presupuestario, el mal menor es el segundo.

Finalmente, se argumenta que la consulta de revocación sería la antesala de otra consulta posterior para permitir la reelección presidencial. La lógica es más o menos la siguiente: si el pueblo da su apoyo abrumador en 2021 para que AMLO concluya su mandato, ¿acaso no sería democrático que, si el pueblo lo demanda, digamos en 2022 o 2023, se hiciese otra consulta –esta vez para reformar la Constitución y permitir la reelección?

Se trata de una especulación. En contra de esta posibilidad está que las consultas populares no proceden en materia electoral y que las mismas consultas no sirven para enmiendas a la Constitución. Sin embargo, no se requiere que haya consulta popular para que en algún momento de la segunda mitad del sexenio haya la tentación de empujar esa opción. No sería la primera vez en nuestra historia. López Obrador anunció la semana pasada que ayer firmaría un compromiso por la no reelección. No lo hizo para no opacar la celebración del 18 de marzo.

A nadie daña colocar en un transitorio de la Constitución –aunque sea repetitivo– que las consultas populares no podrán usarse para la reelección de presidente de la República. Repetitivo, pero calmaría los temores.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.