Democracia Eficaz

AMLO sí ayuda a la radio y TV

Lo deseable sería que promoviera una iniciativa integral que atienda el mercado, que defina el tema de la contraprestación que los medios hacen por la concesión.

Aunque López Obrador insiste en que no habrá rescates para las grandes empresas como, según él, ocurría en las épocas neoliberales, la semana pasada dijo que "devolvería" los llamados tiempos oficiales del Poder Ejecutivo a los medios de comunicación electrónicos: radio y TV. Su argumento es que ya les habían reducido el presupuesto de publicidad y que los tiempos devueltos los van a poder comercializar y "son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos".

Así como los empresarios de otras industrias han hecho llamados al gobierno para diferir el pago de impuestos o para contar con apoyos para mantener el funcionamiento de la planta productiva, los medios de comunicación no han reclamado beneficios de ningún tipo, al menos de forma pública. Sin embargo, son el único sector empresarial que ha tenido un guiño de López Obrador.

Los tiempos oficiales se componen de tiempos de Estado y tiempos fiscales. Los primeros son transmisiones diarias gratuitas de 30 minutos de duración y los segundos son 18 minutos en TV y 35 en radio como pago en especie. Suman 48 minutos diarios en cada estación de televisión y 65 en la radio.

El presidente se equivocó cuando dijo que renunciaría a los tiempos oficiales porque estos incluyen los tiempos de Estado que se regulan en la Ley Federal de Telecomunicaciones y requiere reforma legal. Por eso lo que estaría "devolviendo" son los tiempos fiscales, ya que no están previstos en Ley. Esa renuncia sólo sería válida durante periodos no electorales, pues cuando hay procesos electorales el INE requiere a totalidad de los tiempos de Estado y fiscales.

¿Cuál es el impacto global? Según análisis de Integralia Consultores, de los 18 minutos diarios de tiempos fiscales que se usan para transmitir publicidad oficial o programas educativos, culturales y de interés social, la renuncia del Ejecutivo significaría que los concesionarios de TV dispondrían, en tiempos no electorales, de siete minutos con 20 segundos (40 por ciento del total que es la parte que le corresponde al gobierno). En el caso de la radio serían 14 minutos.

¿Constituye un apoyo real para los concesionarios? Solo parcialmente. Por una parte, la ley establece que los concesionarios sólo pueden transmitir publicidad durante ciertos minutos por hora de transmisión. Por otra parte, el mercado de publicidad se ha reducido en los últimos años, de tal forma que, aunque cuenten con más tiempo para comercializar, difícilmente eso significara una mayor capacidad de venta por parte de la TV y la radio.

Según estimaciones de Integralia, entre 2018 y 2020 el gasto ejercido habrá pasado de siete mil 642 millones de pesos a mil 490 (este último dato es el presupuesto aprobado para este año). Este es el dato relevante: una caída de gobierno para comunicación social desde 2019 (con respecto a años previos) es lo que realmente ha afectado a los medios y la renuncia de tiempos fiscales no lo lograría revertir.

Lo realmente grave es que se trata de una renuncia a un bien público: 18 minutos diarios para que el gobierno y los entes públicos puedan difundir información de interés público. López Obrador parte de la premisa de que él no necesita ese tiempo porque él le habla a su pueblo de forma directa. Pero no se trata de él, sino de un activo del Estado mexicano para su comunicación. Se trata de una medida que parece un 'guiño' político que priva al Estado de un recurso valioso sin que los medios reciban un influjo de recursos que les beneficia de forma significativa.

Lo deseable sería que el Ejecutivo promoviera una iniciativa integral que atienda el mercado: que defina el tema de la contraprestación que los medios hacen por la concesión; que defina sus obligaciones fiscales; que se revise el tema de los tiempos asignados a partidos de forma gratuita, entre otros. Un decreto como el que firmará es solo una suerte de guiño que no resuelve los problemas estructurales para transparentar la relación entre medios y gobiernos.

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