Un amigo muy cercano de López Obrador desde la infancia me platicó al inicio del sexenio que al presidente de la República no le importa el Congreso. “Lo usará para legalizar las decisiones que él ya tomó. Lo usará como una oficialía de partes”.
Desde que exigió que no se le cambiara ni siquiera una coma a su primera propuesta de Presupuesto en diciembre de 2018, López Obrador ha ninguneado al Congreso, pero lo ocurrido la semana pasada fue pisotear su dignidad y erradicar —en los hechos— la división de poderes.
Del otro lado encontró sumisión y exaltación. Personas leales al movimiento, capaces de violar sus normas legislativas en aras de satisfacer al tlatoani. El acto supremo de la obediencia ocurrió el viernes por la noche cuando las personas senadoras del oficialismo acudieron a recibir la línea de López Obrador a Palacio Nacional.
“No me vengan con que hay obstáculos legales para aprobar las iniciativas”, habrá dicho AMLO frente a un Ricardo Monreal, que apenas hace algunos meses parecía ser el alma sensata de Morena y una referencia de moderación y respeto a la Constitución. Ese Monreal se sumó a la caravana de aduladores que en aras de retumbar el himno de la victoria (y obtener candidaturas en 2024) fueron capaces de votar 20 dictámenes sin deliberar, vaya sin siquiera leer lo que aprobaban.
Por supuesto, que es legítimo que un partido apoye a su presidente para cumplir su agenda de gobierno, pero lo que vimos la semana pasada fue la exaltación del presidencialismo a costa de violentar la convivencia democrática, la deliberación y la dignidad de los mismos legisladores de Morena quienes, apenas hace un lustro, criticaban los usos y costumbres que usaba el PRI en su periodo hegemónico.
Fue López Obrador quien criticó duramente la forma como se aprobaron las reformas estructurales del llamado Pacto por México. Cuestionó —con razón— que la alianza del PRI con el PAN y el PRD haya marginado una deliberación abierta para tomar en cuenta todas las voces. Pero yo no recuerdo que en aquellos años de 2013 y 2014 se haya cometido el abuso que se vio la semana pasada.
El atropello del Congreso ha desinhibido la exaltación del tlatoani y desatado un deseo para erradicar a la oposición. En lugar de callar de forma vergonzosa por su actitud sumisa, muchos senadores morenistas aplaudieron la “derrota” de la oposición a la que llaman “moralmente derrotada y mezquina”.
¿Qué sigue?
Primero, un proceso de radicalización hasta el último día de esta administración. López Obrador no cesará en su activismo legislativo. Durante los tres periodos ordinarios de sesiones que aún le quedan como presidente de la República (del último sólo disfrutará del 1 al 30 de septiembre de 2024), usará todo su poder de convocatoria para enviar iniciativas provocadoras y algunas testimoniales para predeterminar el camino del nuevo gobierno a partir de 2024.
Por ejemplo, el 1 de septiembre enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si el tiempo no da para aprobarse, forzará que su sucesora, en caso de que gane Morena, apoye públicamente dicha iniciativa.
Segundo, la Corte tendrá que invalidar muchas de las iniciativas aprobadas la semana pasada por una falla básica de respeto al proceso legislativo. Cuando lo haga, López Obrador atacará severamente a las personas ministras y eso le dará la justificación para mandar una iniciativa para reconfigurar la composición y atribuciones de la Corte.
Tercero, la provocación de AMLO es parte de un esfuerzo para sembrar un pleito irresoluble más allá de su administración. López Obrador requiere división para que su legado se mantenga. No puede permitir que el nuevo gobierno inicie en un tono de concordia para restaurar la certidumbre porque eso desinflaría su figura.
Un país polarizado con partidos peleados entre sí, es el caldo de cultivo para que la figura y el legado de López Obrador se mantengan después de 2024. Y hará todo para que así sea.