Uno de los saldos más lamentables de este gobierno será la negligencia para transformar el sistema de justicia y dejarlo sometido al tráfico de influencias y la aplicación selectiva y política de la justicia, peor que en el pasado.
El modus operandi que brota de la denuncia del abogado Juan Collado en contra de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, y de las anécdotas que comentan empresarios e integrantes del gobierno, es que traficaba influencias para hacer favores a cambio de beneficios económicos o que extorsionaba, simple y llanamente, desde el pináculo del poder político del país.
Scherer acompañó a López Obrador durante sus tres campañas presidenciales. Al menos en una de ellas, la de 2012, gestionó financiamiento privado y seguramente ilegal para su jefe: ahí está un audio en el que pide dinero a Julio Villarreal Guajardo, presidente de Grupo Villacero, y la conversación sugiere que se trata de montos millonarios que están prohibidos por la ley.
Cabe destacar que este empresario es el mismo que se habría coludido con Scherer en 2020 para ofrecerle a Juan Collado su liberación de la cárcel a cambio de que les vendiera la Caja Libertad a un precio reducido. Mismo modus operandi que López Obrador tanto ha criticado: coyotes que dan dinero a campañas a cambio de hacer negocios con el gobierno.
La misma práctica de tráfico de influencias aplica con el fiscal general de la República, un personaje que, salvo el caso de Emilio Lozoya, no ha realizado otra investigación relevante en contra de la corrupción del gobierno anterior. En cambio, usa su poder para litigar sus asuntos personales con la complicidad aparente de algunos ministros de la Suprema Corte.
López Obrador recibió en bandeja de plata una reforma constitucional aprobada en 2014 para transformar de raíz la procuración de justicia en México. Una fiscalía general autónoma por primera vez daba la oportunidad para despolitizar la justicia, profesionalizar a los ministerios públicos, brindar independencia a las investigaciones judiciales y garantizar el principio de imparcialidad en materia procesal.
Eso es, una reforma que bien ejecutada hubiese catapultado a López Obrador —con justa razón— a los libros de la historia. Pero en lugar de ello, optó por lo mismo de antes: justicia selectiva, carpetas de investigación para amenazar adversarios y perdón para los aliados. Cada vez suena más creíble la hipótesis de un pacto con su antecesor en Los Pinos, a quien no toca ni con el pétalo de una rosa.
La autonomía de la Fiscalía requería voluntad política, tiempo y dinero para reconstruirla desde adentro. En lugar de ello, López Obrador y Gertz apostaron por ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que ha llenado las cárceles de inocentes que en la mayoría de los casos no tienen recursos para pagar su defensa (dicho por el propio ministro Zaldívar).
El efecto demostración se reproduce abajo. Si Scherer y Gertz pueden abusar de su poder en beneficio personal, la señal es ominosa. Si quienes debiesen tener un comportamiento impecable, uno porque representaba legalmente al Poder Ejecutivo y el otro porque es el fiscal de la República, operan a su favor con la venia del presidente, estamos en la ley de la selva.
Por eso cada gobernador se siente dueño de los fiscales de sus entidades, a pesar de que son ‘autónomos’. Por eso los gobernadores siguen usando a sus fiscales para perseguir enemigos políticos. Por eso la violencia sigue creciendo. Por eso los ‘abrazos’ de López Obrador no surten efecto para pacificar al país, porque hay un sistema corrompido y roto que sigue protegiendo a los privilegiados, igual que en el pasado.