Repartiendo culpas

Con la aprobación de leyes para prohibir la venta, distribución y suministro de bebidas azucaradas y alimentos 'chatarra' a menores de edad, Tabasco y Oaxaca han sacado en fast track legislaciones paliativas para los problemas de obesidad y diabetes en México, poniendo en riesgo la reactivación económica y amenazando con romper las cadenas de valor de la industria agroalimentaria, productores y pequeños comercios.

Por su incompetencia, López-Gatell ha decidido echarle la culpa y que este sector cargue en sus hombros la responsabilidad de una enfermedad que afecta a 70 por ciento de la población mexicana, al focalizar el problema del sobrepeso y obesidad en el consumo de determinados productos, sin considerar la multifactorialidad de esta problemática.

OAXACA

Fue el primer estado en aprobar esta polémica iniciativa, encendiendo alertas entre comerciantes y la industria agroalimentaria; no en balde, teniendo en cuenta que el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local no contempla siquiera un programa específico de atención a obesidad en ningún grupo poblacional. Aunque existe un rubro de alimentación y nutrición, este tiene asignados sólo mil millones de pesos para combatir la desnutrición, lo que se traduce en -oiga usted- dos pesos al día para repartir entre 1.5 millones de menores de edad, sin considerar gastos operativos.

Tampoco toma en cuenta que desde 2013 ya está regulada la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en las escuelas, y las empresas no venden de manera directa productos en las instituciones educativas. De hecho, a la fecha se desconoce el verdadero impacto que ha tenido esto en la salud de los estudiantes.

Otro problema es que la operación de esta ley es compleja o incluso imposible, pues en Oaxaca existen 58 mil puntos de venta y la entidad no cuenta con personal para verificar cada uno de ellos, ya que 2 mil 600 policías no alcanzan para atender a 3.6 millones de habitantes.

Lo más apremiante, sobre todo, es que estas prohibiciones afectan principalmente a los micro y pequeños productores y comercializadores que forman parte de la cadena, dado que los ingresos de las tienditas dependen en buena parte de la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas. En su mayoría, estas misceláneas son negocios familiares y las restricciones las condenan al cierre o a reducir sus ingresos, algo que podría incentivar la economía informal, tal y como advirtió la Coparmex.

Tampoco se pueden olvidar los productores de alimentos artesanales, como el chocolate oaxaqueño, granolas y otros productos que con esfuerzo son envasados y etiquetados con el objetivo de expandir su presencia en el mercado, y que también se verán afectados.

Del lado de Tabasco las cosas se tornan otro tanto preocupantes, pues sumando los puntos mencionados anteriormente, parece que el estado que vio nacer al presidente AMLO se ha convertido en el "laboratorio legislativo de Morena". Así lo calificó la diputada del PRI, Soraya Pérez, quien presentó el 24 de agosto pasado un extrañamiento al gobernador Adán Augusto López debido a comentarios discriminatorios contra su persona de parte del coordinador de Asuntos Jurídicos del gobierno, Guillermo del Rivero.

Lo que provocó el encono del funcionario fue una columna de Pérez Munguía donde manifestó que la denominada 'ley chatarra', aprobada el 17 de agosto en Tabasco, se hizo al vapor y de manera inconstitucional en una entidad con el primer lugar de contagios y muertes de Covid-19 por cada 100 mil habitantes. Además, advirtió de una severa afectación a miles de Mipymes y productores artesanales que dependen de la comercialización de estos productos, en especial a la industria cacaotera, orgullo de la gastronomía nacional y de Tabasco, como principal productor a nivel nacional.

La Coparmex, la Canacintra, la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Asociación de Chocolate y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, así como la ANPRAC y otras asociaciones del ramo, ya se han manifestado contra estos pronunciamientos y contra el avance de iniciativas que, advierten, dañarán una economía ya debilitada por el confinamiento.

Y OJO, COMO CEREZA…

Estas legislaciones morenistas discriminan a aquellas empresas con controles de calidad y sanidad, y beneficia al comercio informal, porque los alimentos no empaquetados no están prohibidos.

Recapaciten por favor, es de sabios cambiar de opinión.

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