Sobremesa

La UIF apremia por la ley antilavado

La iniciativa propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 recomendaciones del GAFI.

Así como lo están leyendo, y no pasará de mañana o pasado mañana, que el titular de la UIF, Santiago Nieto, acuda a la plenaria de Morena, para sensibilizar a sus legisladores de lo apremiante que es que se logre la aprobación de la iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como ley antilavado, la cual pretende atender las observaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente para las actividades vulnerables, y darle a la UIF mayor facultad en la lucha contra el lavado de dinero, y que ya lleva un año en la congeladora.

La iniciativa, que fue presentada por el senador Ricardo Monreal, propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 recomendaciones del GAFI. Ojo, de no cumplir con las recomendaciones, las implicaciones económicas para el país serían parecidas, guardando su justa dimensión, a que las calificadoras nos degraden el grado de inversión.

Entre los objetivos más importantes está el dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, toda vez que la GAFI pidió que fuera independiente y autónoma operativamente. Como pasa en TODOS los países afiliados.

Se adiciona como objetivo de la ley antilavado no sólo la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también aquellos relacionados con el financiamiento al terrorismo. Aquí en México, dirán, no hay terrorismo, pero desde aquí SÍ se puede financiarlo y recuerden que somos vecinos de EU.

También se incluye la obligación, para quienes realizan actividades vulnerables, de identificar y monitorear las operaciones cuyos clientes sean considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como la obligación de las autoridades que tengan información relacionada con ellos, para proporcionarla a la UIF, con la finalidad de crear una lista.

Se adiciona la obligación para quienes realizan actividades vulnerables, de llevar a cabo una evaluación para identificar, analizar y entender el riesgo inherente en que se encuentra su actividad, así como el de sus clientes. Ejemplos: Blindaje de autos o compra de arte por más de 406 mil pesos, tarjetas prepagadas por más de 54 mil pesos, gasto en tarjetas de crédito por más de 108 mil pesos, o compra de vehículos por más de 542 mil pesos.

Asimismo, se buscaría que, en los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable, se tengan identificados a los beneficiarios de las personas que se involucren para que, según su actividad o tipo de operaciones, la UIF reciba la información y la pueda analizar con el fin de detectar algún riesgo de lavado de dinero. Esto, luego de que el GAFI señaló que, aunque los fiduciarios (instituciones financieras) están obligados a identificar las partes de un fideicomiso, esto no ocurre con los beneficiarios del mismo. Ah, las organizaciones sin fines de lucro, que principalmente se dediquen a la recaudación o desembolso de fondos para fines tales como propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para la realización de otros tipos de 'buenas obras', también tendrán una mayor fiscalización.

El sistema financiero: AMB, AMIS, Sofomes, casas de cambio, uniones de crédito, etcétera, está obligado a reportar si las transacciones de Personas Expuestas Políticamente son susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias o financiamiento de actividades terroristas.

Ah, también se le pedirá a la Secretaría de Economía abrir sus bases de datos para conocer a los socios de las empresas, pues hoy en día, con un simple trámite en línea, se cambian y listo.

¿Para qué todo esto?

Déjenme decirles que, con la aprobación de las reformas citadas en esta iniciativa, se cumple con las acciones señaladas por el GAFI en la evaluación mutua de México en el componente de Cumplimiento Técnico en lo relativo a las Actividades Vulnerables, las cuales resultan indispensables para solicitar la recalificación de las recomendaciones, que obligatoriamente se tiene que remitir en agosto del año en curso, para ser presentadas en febrero de 2021.

Ah, y no se deje engañar por el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que anda diciendo por redes que a todos los mexicanos la UIF les fiscalizará su tarjeta de crédito. La realidad es que TODOS nuestros movimientos están fiscalizados y, si no se comente delito alguno, pues nadie le dirá 'esta boca es mía' con lo que firme. El pero viene si utiliza dinero del crimen organizado o efectivo sin haber pagado los impuestos correspondientes.

P.D.

A los que se creían más inteligentes que guapos, les informo que los activos virtuales tipo bitcoins, para abril serán considerados actividades vulnerables y también fiscalizados, ¡ya les contaré!

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