La sistemática implementación de decisiones por parte del Ejecutivo federal, en pleno atropello de regulaciones, normatividad, leyes completas, respeto a la división de poderes está en la base de su visión de país.
En el fondo, el presidente López Obrador no considera que ese marco jurídico construido a lo largo de más de 25 años de transición democrática, tenga sustento en el interés nacional. Más aún, en su visión del México nacionalista a ultranza, le parece una traición al pueblo y al país.
Por ello el atropello cínico de organismos desconcentrados, autónomos bajo el marco jurídico vigente, su intervención sin el menor decoro e incluso absorción. Ahí está la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que fue brutalmente descabezada, reasignada y sometida al poder y autoridad de la secretaria Nahle.
Esta semana nos enteramos, hace un par de días apenas, que el doctor Hugo López-Gatell, el parapeto del presidente para asumir todas las críticas por la desastrosa gestión de la pandemia, será premiado con una supersubsecretaría en Salud. Integrará direcciones generales de mayor envergadura, pero sobretodo comisiones como la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) o la Conadic (Comisión Nacional contra la Adicciones).
En la lógica del presidente, estos organismos carecen de importancia, responden al modelo neoliberal, que retira funciones y responsabilidades que, a su juicio, corresponden al gobierno. No alcanza a entender en esta obtusa y anquilosada visión, que retirar tan importantes funciones del aparato central de gobierno, separa los organismos que regulan las tareas y funciones de determinada industria o actividad, frente a la política pública.
Por ello AMLO aplasta la ley, pasa por encima de ella sin respeto ni recato. Los organismos desconcentrados en salud, los asume, absorbe y domina la autoridad federal.
Nadie le explica –tampoco creo que le interese– que la aprobación, registro, revisión de patentes farmacológicas, vigencia de registros de todas las medicinas, salieron de la Secretaría de Salud hace poco más de 18 años. El propósito era y es concentrar esas funciones en expertos, en especialistas que agilicen y actualicen registros y permisos, para que no se detenga la circulación de medicamentos en beneficio de la población.
El presidente, su gobierno y su inepto subsecretario, dan un paso atrás, y el país entero un retroceso lamentable. Agregue usted a esto más comisiones, más funciones desconcentradas para beneficiar a las industrias, servicios, comercio, ciudadanía en general, que vuelven al embudo, al cuello de botella, al nido primigenio de la corrupción. Todo en una sola oficina, ventanilla única. El México de 1970.
El espectáculo de justicia simulada que presencia el país, con Lozoya en su casa con pantuflas, celulares y computadoras, los videos revelados, las acusaciones abiertas o encubiertas, montan un circo único al servicio del poder. Hay, contrario a las insulsas declaraciones del senador Monreal ("este gobierno no usa la justicia para la vendetta"– pregúntele a Rosario Robles o a los panistas en picota), una definida estrategia de destrucción política de sus adversarios y opositores.
El PRI con Peña, Lozoya, Osorio –en proceso de investigación– quedará nulificado rumbo a las elecciones de 2021.
El PAN, que concentraba sus acusaciones en la persona de su némesis político, Felipe Calderón, empezó ya a desgranar artillería a senadores, gobernadores y funcionarios de partido. Los que se vayan sumando. La finalidad no es la justicia, ese es el gran engaño: el propósito es golpear, eliminar, desacreditar a partidos, políticos, eventuales competidores.
¿Qué quedará del PRI y el PAN después de esta guerra de lodo y señalamientos de corrupción? La vaga sombra de organizaciones políticas corrompidas.
El célebre PRIAN, autor señalado por este régimen como responsable de cientos de negocios, corruptelas, beneficios personales y de grupo, encubridores dijimos por años –para que no se diga que nos quedamos callados– de la clase política dominante, está hoy en ruta del cadalso. Y la factura será cara.
Ojalá y los procesos se sustenten en evidencias y testimonios sólidos, con expedientes irrefutables, con pruebas incontrovertibles.
Mi pronóstico es reservado, porque parece más un espectáculo que un auténtico proceso para combatir la corrupción. El presidente viola el debido proceso y se convierte en vocero de la Fiscalía, que de independiente tiene lo que Andrés Manuel de liberal y vanguardista.
¿Por qué el presidente conoce el contenido de las declaraciones y acusaciones del 'testigo protegido o colaborador' con anticipación? ¿Cómo tiene acceso a esa información confidencial? Sólo se explica por una Fiscalía al servicio del presidente. Y además, prueba evidente del uso político del aparato de justicia, es que ¡lo anuncia! desde su evento matutino. Ordena al fiscal que revele las acusaciones de Lozoya. ¡Vaya circo!
Incompetentes empoderados; independientes sometidos; legisladores serviles que renunciaron a la autonomía que la ley les concede. Los juzgará la historia por el daño destructivo a México y sus instituciones.