Tan repetida fue la promesa de campaña del hoy presidente de la República, en el sentido de su impoluta honestidad, de su incorruptible compromiso con los más necesitados, de su visión humanista de administrar para el beneficio de las mayorías sin dejarse seducir por el poder o la riqueza, que se construyó esta percepción generalizada de un López Obrador incapaz de acto de corrupción ninguno.
El contraste es mayor con la administración anterior, considerando no sólo los escándalos que distinguieron al gobierno de Peña, sino sobre todo, la extendida creencia popular de que todo el mundo hacía negocio. En todas las dependencias se pedían comisiones por contratos o concesiones y que, la práctica, aumentada y generalizada, se sancionaba favorablemente desde arriba. "Un mal cultural" exhibió la primitiva línea de pensamiento.
Se fueron con esa imagen, los secretarios, los directores de las paraestatales, es difícil señalar funcionarios probos en el gobierno anterior y a lo largo de su trayectoria. Pienso en Meade y en Narro, gente de calidad profesional que sigue viviendo exactamente en las mismas circunstancias y condiciones de siempre.
El tema anticorrupción fue central en la victoria de Andrés Manuel. Su discurso frontal, su historia personal ajena a los lujos o los negocios, avaló ante la ciudadanía esta imagen intachable, incorruptible.
Tristemente ese principio que distingue al hoy presidente no se adquiere por ósmosis o por contagio entre sus colaboradores. No todos poseen una historia de austera vida en la política o el servicio público, algunos incluso, arrastran, ocultos en el pasado, sus propios escándalos de corrupción y desvío de fondos. Por ahí está aún la historia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que a la distancia de 15 años, parece empolvada. Los señores Ebrard y Delgado aún debieran presentar cuentas al respecto.
O qué me dice de los contratos de la Delegación Cuauhtémoc bajo la dirigencia de Ricardo Monreal.
Casos inconclusos e investigaciones que no apuntaron a ningún delito, pero que dejaron huella profunda de un manejo, por lo menos, cuestionable.
El presidente sigue presumiendo la lucha anticorrupción de su gobierno, que la ciudadanía sigue esperando, porque a dos años, nada más no llega. Sin Fiscalía, instituciones, fiscales, investigaciones, su abanderada batalla se limita a tres casos emblemáticos, aún en proceso: Rosario Robles, Lozoya y tal vez, García Luna, cuyo mérito pertenece al FBI, la DEA y otras agencias estadounidenses. Juan Collado está en la cárcel por un juicio mercantil entre particulares.
Pero ahora aparecen los actores de la presente administración. El señor Bartlett tan protegido por el presidente, quien sí tiene una larga historia que aclarar entre inmuebles, empresas, negocios y cuentas bancarias. La señora Ana Gabriela Guevara, exgloria del deporte nacional, quien ya fue señalada por repartir contratos y concesiones a parientes y familiares. Y el más reciente caso de la señora Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública –oh ironía, responsable de vigilar que los servidores públicos no cometan excesos– y su esposo el aguerrido académico John Ackerman. Según el reportaje periodístico, seis casas en nueve años, valor comercial que puede oscilar entre los 40 o 60 millones de pesos.
De entrada, debiera ser materia de investigación, porque si bien se trata de patrimonio adquirido previo a su ejercicio público, ciertamente resalta la abundancia en un periodo tan corto. ¿Hay delito?, ¿fue beneficiada por alguna autoridad para la cesión de algún terreno o propiedad?
Si este país fuera serio, que no es, la funcionaria se separaría del cargo en lo que una investigación independiente –no justamente aquella bajo la responsabilidad de su propia dependencia– aclara la información y emite un fallo libre de toda mancha.
Pero no. Aquí se vuelca el gabinete en pleno, hasta el impresentable manipulador de cifras y datos López-Gatell a defender a la señalada funcionaria. Campaña en su contra, se atrevió a escribir la señora Sánchez Cordero.
¿Qué no era el gobierno de la impoluta honestidad?, ¿no era el equipo que iba a dejar muestra cabal de un servicio público sin negocios, beneficios, prebendas o patrimonios excesivos?, ¿por qué se ofenden de que alguien se atreva a preguntar, a señalar por lo menos, la extrañeza del caso?
La furiosa respuesta del esposo de la funcionaria, con amenazas y aspavientos, no hace sino sustentar la duda razonable.
Si la reiterada afirmación presidencial del "no somos iguales" tiene base en los hechos, ¿no sería más fácil explicar el origen de las propiedades, el tiempo en que fueron adquiridas, las herencias o donaciones?
Son iguales porque se comportan igual, porque rechazan las investigaciones, porque niegan los hechos en el Registro Público de la Propiedad, porque se negaron por más de un año a presentar su declaración patrimonial. Son iguales porque repiten la cobertura, porque fomentan la tapadera, como hicieron tantos en el pasado. Son iguales porque rechazan la transparencia que prometieron hasta el cansancio.
El célebre plumaje sin mancha, no pudo mantener su blanquecina pureza. Al cruzar por el lodazal, terminó sucio en el encubrimiento y la silente complicidad.
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