Si cualquier persona consideraba que el fortalecimiento político y presupuestal del Ejército Mexicano en el gobierno actual había crecido significativamente, lo sucedido en estos dos días pone de manifiesto la capacidad de presión y de rumbo político o diplomático del que son capaces.
Para sorpresa de todos –¿a cuántos detenidos internacionales acusados de vinculación con el narcotráfico conoce usted que la justicia estadounidense haya liberado en la historia?– el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos y dejó en libertad al exsecretario de la Defensa mexicano. La pesadilla para el general duró, en total 33 días, desde su detención el pasado 15 de octubre.
Altos mandos militares, ofendidos, humillados, agraviados por el arresto inexplicable de su rango más alto entre 2012 y 2018, ejercieron presión sin límite frente al presidente López Obrador. El resultado está a la vista. El despliegue de una acción extraordinaria –fuera de lo común– por parte del canciller y –dicen– también del fiscal Gertz Manero para liberarlo y traerlo a casa.
Se mencionan entre los argumentos razones de seguridad nacional. El documento del Departamento de Justicia al juez señala "consideraciones sensibles y de política exterior" al informar el retiro de los cargos. Cienfuegos estaba acusado de lavado de dinero y de vinculación con el narcotráfico; según la DEA, agencia responsable de su detención, el general mexicano protegió al cártel de los Beltrán Leyva durante su mandato como secretario de la Defensa. Es más, según las acusaciones, recibió sobornos entre 2015 y 2018.
Resulta inverosímil que el más alto rango de la piramidal estructura castrense se corrompa los últimos tres años de su gestión. Es increíble que un hombre que sirvió 50 años en las Fuerzas Armadas –se levantó desde el más bajo rango hasta la cúspide del sistema– decida recibir dádivas del crimen al final de su carrera.
Varios argumentos al respecto. El acceso y dominio presupuestal que un secretario de la Defensa ejerce son absolutos. No rinde cuentas a nadie; no hay auditoría que revise las finanzas internas del Ejército o la Armada de México. Sólo las que se practican ellos mismos. Es decir, ellos sí saben quién cometió actos de corrupción, repartió contratos, o como sucedió con algún secretario de hace pocos sexenios, encargó todas las obras de construcción, renovación o remodelación al propio hijo del secretario.
Pero el aparato político, gubernamental y mucho menos el Legislativo, carece de conocimiento preciso en el ejercicio del gasto o partidas presupuestales del Ejército. La rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas es prácticamente nula.
Bajo esta perspectiva, ¿por qué un general de cuatro estrellas, necesitaría corromperse con un cártel para obtener recursos? Difícilmente se sustenta este argumento.
Más aún, cuando tiene una extensa y prestigiada carrera, de apego al espíritu de cuerpo, de defensa de los valores y la disciplina militar. Cienfuegos fue un general duro, recio, enérgico con sus subalternos, y furioso con políticos y legisladores que postergaron absurdamente la creación de una Ley de Seguridad y Fuerzas Armadas.
¿Usted cree que con la información de inteligencia a que un secretario de la Defensa tiene acceso, se hubiera ido a meter a un viaje familiar a Estados Unidos, si tuviera el menor vínculo con el narco? Impensable.
La liberación por parte de los estadounidenses no significa, bajo su perspectiva, que el general sea inocente. Afirman tener evidencias de peso en su contra. El caso en contra de Cienfuegos se desprende de los testigos protegidos en el juicio al Chapo Guzmán y los testimonios y acusaciones que dichos personajes han vertido en la Corte de Distrito en Nueva York.
Ahora, la operación Ebrard merece un reconocimiento aparte.
Convenció al Procurador Barr, tal vez con la amenaza de un problema de seguridad interna, una 'revuelta' de los generales, una franca actitud de rechazo al gobierno.
En la cadena de desaciertos, uno de los temas que probablemente más lastimaron a los altos mandos fue la respuesta inmediata del presidente: "Si es culpable que lo investiguen", "no tienen porque informarnos de su asuntos de seguridad interna" y otros disparates, cuando después terminó señalando que la soberanía se había violentado con la detención del general y que sería injusto extender su conducta al resto del Ejército.
El gobierno y el presidente cambiaron de postura y de discurso, tomaron la causa de Cienfuegos presionados por el Ejército. Hoy el general está libre, y nadie en México se atreverá a presentar cargo alguno en su contra. Es un baluarte para el Ejército Mexicano.
¿Eso significa que sea culpable o inocente? Ambas afirmaciones, difíciles de probar. La investigación quedará cerrada y archivada.
Cienfuegos limitará sus vacaciones a Tequesquitengo y Zumpango, bajo el riesgo de pisar cualquier aeropuerto internacional y que se reabra la investigación bajo un nuevo procurador estadounidense.
Los favores de AMLO a Trump pagaron su regreso. Las razones diplomáticas y de sensibilidad política lograron movilizar al aparato de justicia estadounidense. Vaya coyuntura. Tal vez durante la transición electoral regular, esto no hubiera ocurrido, porque el gobierno entrante habría demandado conocer el expediente y las pruebas, antes de conceder la graciosa exoneración al general mexicano.
Por último, la alianza entre el AMLO y el Ejército Mexicano se fortalece más que nunca. No sólo son sus aliados estratégicos, sino además, salió a pelear en su defensa ante el gobierno de Estados Unidos. Sin precedentes.