Ejercer el servicio público con irresponsabilidad es también una forma de corrupción. Y lo es porque corrompe la estructura del bien púbico, destruye el valor patrimonial de la nación, aunque no sea en beneficio personal o de grupo, sino por torpeza, ignorancia, incapacidad o simple negligencia.
Esta premisa, discutida en los últimos años en múltiples textos y libros de filosofía política, de los alcances del poder en las democracias contemporáneas, establece sin lugar a dudas que desempeñar un cargo de elección popular con irresponsabilidad es equivalente a un acto de corrupción porque daña el andamiaje institucional del gobierno y del Estado.
Tristemente, en México tenemos hoy abundantes casos de irresponsabilidad suprema de funcionarios y servidores que son, en los hechos, actos de corrupción.
La dirigencia del aparato de salud pública en México, la grave irresponsabilidad de haber desfondado el presupuesto de salud, abandonado hospitales sin suministros ni materiales básicos para su operación, despedido médicos, cancelado departamentos y áreas completas, fueron la base para el desastre con que el sistema enfrentó la pandemia. Son irresponsables el secretario y los subsecretarios por el caos del sistema. Optaron, como señaló esta semana The Economist, por asumir la victoria del Covid y permitir muertes sin límite al forzar la apertura de actividades económicas.
Es corrupta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Presidencia de la República por cancelar, eliminar y ahora destruir el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Han iniciado procesos de licitación para desarrollar un vivero en el sitio del NAIM, es decir, sembrar y cultivar plantas de diverso tipo y follaje, en aras de destruir la plancha (losa) ya en el subsuelo, que sostendría el edificio terminal y las pistas. Y lo es, porque la meta es justamente destruir, borrar toda señal de esa obra, aunque se dilapiden siete mil millones de dólares ya invertidos, más lo que se paga –y nos ocultan– a los fondos de inversión en retribución por su dinero. El objetivo es impedir que ninguna administración posterior rescate ese proyecto.
Es irresponsable y corrupto el tiradero de dinero en Pemex para reactivar una producción imposible –se secó Cantarell y no hay pozos nuevos de esa talla, magnitud y riqueza–, en vez de reestructurar la empresa, reducir pasivos y apuntalar con rentabilidad su desarrollo.
Es irresponsable y corrupto dañar el medio ambiente, hostigar hasta el arrinconamiento a las empresas privadas (mexicanas y extranjeras) que invirtieron en la generación de energías limpias. No sólo porque rompen y manipulan la ley, que ya un tribunal frenó al Cenace en su intención de revertir la suspensión, pero sobre todo porque destruye –ante la ceguera y la terquedad del presidente– toda hipotética confianza que desde el exterior pueda aún subsistir en México. No es gratuito que esta semana el índice de inversión internacional Kearny retirara a nuestro país de los primeros 25 destinos de inversión en el mundo. El mensaje es inequívoco, transparente y ya todos acusaron de recibido: la inversión extranjera no es bienvenida en México. El gobierno y sólo sus funcionarios, son responsables de este supremo acto de negligencia.
Otro más, por si faltaran elementos, la crisis ha generado –en su primera etapa, esto apenas comienza– 10 mil empresas cerradas entre abril y mayo. Los datos son del IMSS, para que luego no nos digan que "hay otros datos". Lo grave aquí es que el gobierno no ha tomado una sola medida para proteger a dichas empresas, para resguardar el empleo de la debacle recesiva. Aquí se piensa, con abundantes complejos, que eso significa rescatar empresarios y no trabajadores, familias, salarios, contribuciones, recaudación fiscal. España, bajo un gobierno socialista, anunció ayer un paquete por 150 mil millones de euros para apoyar a las empresas y sus trabajadores. Porque si la señora secretaria de Economía y sus flamantes créditos de 25 mil pesos, considera que con esos fondos, una empresa pequeña, un comercio –que han cerrado por miles– enfrentará la crisis y podrá pagar a sus empleados, vive en otra dimensión. Irresponsables, negligentes, y corruptos.
Y lo del Bienestar, ya lo abordaremos con precisión porque se trata de otro 'triángulo de las Bermudas' en la administración pública federal. A quién se le otorgan los programas, dónde están los padrones, por qué Morena interviene, quién maneja los fondos, qué comisiones reparten a Banco Azteca –entre otros– por la distribución de recursos, y tantas carencias informativas por parte de la autoridad.
Cambiar y transformar, se presupone, debiera ser para mejorar. Para que las condiciones de todos sean de mayor calidad, para corregir los yerros del pasado, los abusos y los excesos: ¿Tenemos constancia de que eso ha sucedido? ¿Hay evidencia de que la pretendida transformación ha conseguido o se encamina, por lo menos, a alcanzar esas metas? Toda la evidencia señala lo contrario.
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