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El capricho

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El capricho

01/10/2020
Actualización 01/10/2020 - 14:46

Para nadie resulta sorpresivo que el presidente López Obrador guarde poco respeto por el marco jurídico vigente. Y no es para extrañar a nadie porque hay declaraciones y posturas documentadas acerca de sus posicionamientos en este sentido: “Al diablo las instituciones”; “entre la justicia y la ley, prefiero la justicia”, o su histórico desacato a un mandato judicial que provocó el desafuero en 2005.

Andrés Manuel no es un hombre que se rija por el derecho, por las leyes, por la Constitución. A su juicio, todo ese enorme compendio de leyes y reglamentos son resultado de una visión equivocada de país; son producto de una normatividad opresora en contra del pueblo de México. Es tanto como decir que todo lo que se aprobó en el pasado, traicionó a los intereses nacionales. Desde la reforma energética de apenas unos años atrás –que de facto ya sepultó–, hasta las reformas electorales que en los hechos le permitieron llegar a la posición de extraordinario poder que hoy ostenta.

Es por eso que insiste en su obsesión simbólica de la consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes de México.

Ayer advirtió a la Suprema Corte: si no aprueban la consulta, enviaré una reforma al Congreso para eliminar el artículo 35 constitucional, que rige y norma el marco para realizar consultas populares.

AMLO quiere, a toda costa, meterse en la boleta electoral de 2021. Fracasó con su intento de la revocación de mandato, que inteligentemente se movió para el 2022. Ahora la consulta, bajo la etérea premisa justiciera de enjuiciar a los expresidentes, es el pretexto idóneo.

Conocemos ya el posicionamiento del ministro ponente, que califica la consulta como una colección de inconstitucionalidades.

AMLO dice que no se violan los derechos humanos de nadie por consultar al pueblo, bajo el argumento tramposo de la democracia participativa. Que el pueblo decida si se hace justicia o no; que el pueblo decida si se construye un aeropuerto o no; que el pueblo decida si se hace una obra que beneficiará a millones, aunque haya miles inconformes. Y así, el juego populista de que sea el pueblo quien decida, aunque carezca de conocimiento profundo en temas técnicos –como un aeropuerto o una planta industrial– aunque ignore el sustento jurídico de un artículo que al presidente le estorba, y por capricho, mandará a sus huestes legislativas a eliminarlo.

La democracia participativa es un ardid político para simular decisiones previamente tomadas, y endosarlas a una hipotética mayoría que nunca se presenta en las consultas. Hay una intención política del presidente, aunque ya dijo –descomunal contradicción– “yo votaría en contra”, que es construir una imagen justiciera aunque al final, no se vaya a concretar en proceso alguno. Promover ante el pueblo, ese imaginario colectivo que nadie sabe quién es ni qué demanda –más allá de acatar los designios del caudillo–, la percepción del ajuste de cuentas, de la verdadera justicia, no la de antes sino la de ahora. Todo es una ilusión mitotera para hacer campaña de aquí a las elecciones de 2021.

¿Existen expedientes en contra de los expresidentes? ¿Hay carpetas de investigación por delitos probables? ¿Se abrirán casos formales con líneas de investigación? Nada de eso, porque si los hubiera, procederían judicialmente. Se quiere construir la ilusión de un auténtico juicio por delitos vigentes –abarcaría sólo al sexenio anterior– sin carpetas, casos, acusaciones o testigos. Todo el caso Lozoya se derrumba como un castillo de naipes por la inexistencia de evidencias sólidas.

El capricho del presidente se impone por encima de la ley: Yo quiero la consulta –dice que fue un compromiso– y se hará aunque los tribunales y la Corte digan que no es procedente jurídicamente.

No se puede consultar al 'pueblo' si se debe o no cumplir la ley. Es un contrasentido. La ley se debe cumplir siempre y en todos los casos. Por eso viola los derechos humanos, porque atropella la presunción de inocencia.

Pero el capricho es más importante. El fin político-electoral reviste mayor relevancia que respetar la Constitución.

Es decirle a la Corte y la propia Carta Magna: no importa, es irrelevante lo que ustedes fallen o sostengan o lo que diga ese texto añejo modificado cientos de veces en un siglo. Aquí se hace lo que yo digo, como yo digo, si para eso soy el mandamás.

El engaño es la democracia participativa. El disfraz artero de que son ustedes, amado pueblo y seguidores incondicionales, quienes deciden, cuando en los hechos, la decisión ya se tomó en Palacio.

Habrá consulta, será con algún margen ínfimo de seriedad o será 'patito', se atropellará la Constitución –¡faltaba más!– y le adelanto a usted, en exclusiva, que no pasará nada. ¿Veremos a Salinas, a Fox, a Calderón a Peña tras las rejas acusados de delitos inconfesables? No, en buena medida porque todo de lo que presumiblemente se les podría acusar –en el muy remoto caso de construir expedientes y evidencias sólidas– ya prescribió a excepción de Peña, el más reciente. Pero la intención no es enjuiciarlos, acusarlos, encarcelarlos. La intención es el espectáculo de lucecitas llamado democracia participativa. Por encima de todo, el capricho.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.