A medida que avanzan los días se revela más información en torno al sistema operativo montado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia en tiempos de Julio Scherer García.
Las denuncias de dos procesados en esta administración por distintos delitos y cargos, en contra del abogado Juan Collado y del empresario Alonso Ancira, ponen al descubierto una red de acuerdos extrajudiciales, componendas y negocios a cambio de defensas especiales y reducción de penas.
Una responsabilidad que en sentido estricto y jurídico debiera quedar dentro de las funciones de la Fiscalía General de la República. Esta figura de ‘criterio de oportunidad’ que equivale al testigo protegido de otras latitudes, ofrece suavidad en el trato y las condenas, a cambio de información valiosa y evidencias que el señor Lozoya fue incapaz de aportar.
El punto en el caso Scherer es que la negociación estaba a cargo del propio consejero presidencial, quien refería a un grupo de abogados externos para gestionar, tramitar y cobrar los servicios.
Pero esto no termina aquí. En no pocos casos se rebasaba el ámbito estricto de la negociación, para pasar de forma franca y abierta al de la extorsión y el chantaje.
Juan Collado denuncia que los “abogados” de Scherer lo empujaron a vender a otros actores e involucrados en la trama, la Caja de Ahorros Libertad, propiedad del abogado. Es decir, si quieres salir bien librado, vendes y te deshaces de determinado activo.
Podría sonar la versión exclusiva de un preso sujeto a proceso, pero ahora resulta que no fue el único.
El empresario Ancira, de Altos Hornos, y quien alcanzó un acuerdo ‘de compensación’ al Estado mexicano por la compra inflada o ilegal de Oceanografía, revela ahora que él mismo recibió un trato semejante. Le sugirieron –propusieron o aconsejaron– a nombre del poderoso consejero (que suena hoy más a ‘il consiglieri’) desprenderse de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de un tratamiento generoso por parte de la justicia.
El empresario se negó.
Permítame compartir otro caso paralelo, el de un empresario que ha servido como lavador de fondos públicos a múltiples gobiernos estatales y funcionarios: el señor Álvarez Puga.
Según testimonios cercanos a su equipo de colaboradores, cuando el célebre ‘May’, al servicio de Manuel Velasco –exgobernador de Chiapas– y de otros muchos, recibió la información de sus órdenes de detención, los expedientes en su contra y el grueso volumen de documentos que lo incriminan, recibió por parte del mismo grupo de consejeros la petición siguiente: 15 millones de dólares a cambio de resolver todo el asunto.
Nos dicen los allegados que el ‘May’ aceptó, pero ante la incapacidad de pagar en efectivo, ofreció pagos en especie: una residencia en una playa mexicana, además de un considerable paquete de obras artísticas cotizadas internacionalmente, parte de la colección privada del abogado Álvarez Puga.
Se hicieron las entregas y los intercambios requeridos, cuando un desencuentro entre el acusado y el consejero presidencial provocó el regreso tajante de todos los bienes al implicado en varios delitos, con el enojo del poderoso ‘hermano’ del presidente.
Algo sucedió entre el cobro, el monto, la valuación y los ‘favores esperados’ en retribución por el cuantioso pago, que detonó en un disgusto entre estos amigos y socios de negocios en el pasado.
El caso Álvarez Puga procedió ante las autoridades formales, que emitieron las conocidas fichas a nivel internacional en contra del ‘May’ y su esposa.
Todo esto orquestado, diseñado y ejecutado desde la Consejería presidencial.
¿Estaba al tanto el presidente de los manejos y la operación de su ‘cercanísimo’ consejero? ¿Todo esto sucedía a sus espaldas? ¿Fueron el fiscal Gertz y la exsecretaria Sánchez Cordero quienes abrieron los ojos del mandatario?
Está claro que el fiscal Gertz Manero tiene un abultado expediente en contra del señor Scherer.
Se dice ahora en la FGR que irán primero en contra del grupo de abogados, que ‘representaba’ u operaba a nombre del poderoso funcionario, para después, si la voluntad presidencial lo permite, presentar cargos en contra del propio exconsejero.
Suena a la mafia instalada en Palacio Nacional, al lado del despacho presidencial.
Para un gobierno cuya bandera principal es la desaparición –así declarada ya– de la corrupción, es un caso que estalla en múltiples direcciones palaciegas y gubernamentales.
¿Quiénes son los socios, dónde están, en contra de quiénes se levantarán órdenes de presentación, audiencia o detención?
El abogate promete aún más revelaciones del ejercicio del poder, el atropello de la justicia en beneficio de unos cuantos, en lo que este gobierno, diferente, honesto y transparente ha fincado su distinción a los antecesores.