El presidente Donald Trump está en campaña para reelegirse en 2020. Parecería una obviedad afirmarlo así, pero es importante entender que el contexto de sus rígidas y estrictas medidas migratorias, obedecen en buena medida a la lógica electoral. Le dio resultado en el 2016 la retórica migratoria y la volverá a utilizar con vigor, sólo que ahora, desde el poder.
Ayer lunes anunció en un escándalo de tuits racistas –calificados así incluso por legisladores republicanos- la modificación de los criterios legales para que Estados Unidos otorgue asilo humanitario o político a ciudadanos provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala, específicamente.
Se trata de una disposición más restrictiva que señala puntualmente el rechazo al asilo, para todos aquellos migrantes que no aplicaron a la protección en el primer país por el que cruzaron en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Es decir, los ciudadanos provenientes de El Salvador o de Honduras, debieran solicitarlo ante consulados y embajadas estadounidenses en Guatemala. Mientras que los ciudadanos guatemaltecos, tendrían que hacerlo en territorio mexicano.
Según datos de la Patrulla Fronteriza entre enero y junio de este 2019 más de 510 mil personas fueron detenidas en la frontera americana provenientes de Centroamérica, principalmente, de esos tres países. Esa misma fuente señala que ciudadanos mexicanos fueron detenidos en un número de 3 mil 200.
Los datos fortalecen la argumentación de una oleada sin precedente de migrantes centroamericanos, en franca huida de condiciones de violencia, inseguridad y pobreza en sus países.
La Ley de Asilo vigente hasta el día de ayer, muy importante porque la ley no ha sido modificada, sino que el presidente emitió una serie de nuevas disposiciones para otorgar asilo señala que se beneficiará con el asilo a personas que sean víctimas de persecución, de tortura en sus países o aquellas cuya vida corra peligro en el caso de regresar a su territorio de origen. El presidente Trump considera que estas leyes son muy permisivas y extremadamente débiles y por ello debe cambiar los criterios.
Entre las múltiples facultades ejecutivas del presidente de Estados Unidos, está justamente la de dictar los criterios bajo los cuales se pondrá en práctica el asilo político a determinadas regiones, nacionalidades o países del mundo.
Trump aprovecha esta facultad jurídica para fortalecer su retórica electoral antiinmigrante.
El canciller Marcelo Ebrard dijo ayer que México no ha aceptado convertirse en un tercer país seguro, esa categoría según la ley estadounidense, bajo la cual los migrantes solicitan el asilo no en territorio estadounidense sino en el nuestro –en caso de aceptar convertirnos en un tercer país seguro- y además, esperan la resolución de su solicitud, también en México.
Ebrard afirmó que bajo los parámetros actuales, Estados Unidos está obligado a "deportar a su país de origen" a aquellos migrantes a quienes ha rechazado su solicitud de asilo. Es decir, enviar a Guatemala, El Salvador y Honduras a sus ciudadanos.
Según datos publicados por distintos Centros de Investigación, existen más de 900 mil casos en espera de resolución de asilo, buena parte de los cuales, según la ley vigente, pueden y deben esperar en suelo estadounidense.
Trump quiere cambiar eso. Quiere expulsarlos de territorio americano, que soliciten y esperen en otro lugar que no sea su país. Francamente contrario e inconsistente con las leyes de su propio país y con acuerdos internacionales en la materia. Pero no importa. Trump está en campaña y hará todo lo posible por impulsar su postura racista, antiinmigrante entre su base electoral.
México ha dicho que ha preparado defensas jurídicas y legales, para todos aquellos migrantes que sean expulsados en las redadas que comenzarán esta semana.
Mucho me temo que veremos miles de personas cruzando hacia México, expulsadas por EU o en espera de su dictamen de asilo, aun cuando, en los hechos, no hayamos acordado asumir la categoría de tercer país seguro.