Al tiempo que el Parlamento británico hace literalmente a un lado a su primera ministra y asume control absoluto sobre el Brexit en Londres, el ansiado reporte Mueller es entregado al procurador general de Justicia en Washington y causa enormes sorpresas e incertidumbre.
Theresa May está muy cerca de presentar su renuncia, ante el rechazo repetido y consistente de su plan para abandonar la Unión Europea. Le quitaron la facultad de negociar, perdió una nueva votación –con la traición de 30 miembros de su partido y entre ellos, tres integrantes de su gabinete que de inmediato presentaron su renuncia–. Esto abre nuevos escenarios para el Reino Unido, que pueden ir desde un nuevo referéndum, una nueva negociación más suave y gradual con la UE, o la ruptura abrupta de relaciones. Todo está sobre la mesa, ante la enorme zozobra que esto provoca en un gobierno debilitado, con credibilidad en descenso y un impacto económico aún por medirse, pero por lo pronto se habla de una devaluación de la libra esterlina superior a 23 por ciento en dos años y medio –desde el referéndum–. Hay costos indirectos ya registrados con este panorama confuso y lleno de incertidumbre: pérdida de empleos, más del mil millones de libras que han abandonado el sector financiero de Londres –La City- y mudado a otros mercados en Europa, y así sucesivamente. Esta semana habrá una nueva votación sobre el plan del gobierno –ya rechazado dos veces– lo que muy probablemente pueda marcar la salida de la señora May del número 10 de Downing Street.
Al otro lado del Atlántico la tan esperada conclusión a la investigación del Fiscal especial Robert Mueller dejó a muchos atónitos y paralizados. El reporte es concluyente en cuanto no "haber encontrado evidencias de una colusión entre la campaña del entonces candidato Donald Trump, y los intentos desde Rusia para intervenir en la campaña". El documento que apenas se ha comentado públicamente, señala que existen sólidas y abundantes pruebas de la intervención rusa en la campaña electoral del 2016, sin embargo, no hay evidencia contundente de que Trump y su equipo estuvieran involucrados.
Lo grave es que deja un 'limbo' jurídico no concluyente acerca de la "obstrucción de justicia", un delito altamente castigado en Estados Unidos –de hecho, el causal para la salida de Richard Nixon en 1974– sobre el cual el reporte y el fiscal Mueller, parecen no comprometerse con una posición decisiva. Algunos analistas en Washington señalan que una posibilidad –ante la gravedad del delito y de acusar al presidente con un cargo criminal– es que prefirieron dejar espacio a que el procurador general de Justicia asumiera esa responsabilidad.
El señor procurador William Barr, designado por el presidente hace muy pocos meses, exoneró velozmente a Donald Trump en un tiempo récord de 48 horas: recibió el reporte el viernes, y para el domingo emitió un comunicado al Congreso con una síntesis breve del reporte Mueller. En esa carta Barr asegura que no hay ningún elemento para considerar que Trump pudiera haber cometido "obstrucción de justicia".
El Congreso exige el reporte completo, el procurador dice que no se hará público por temas "sensibles y delicados" y ahora viene la batalla por conocer en detalle el reporte en su totalidad. Trump mientras tanto, se alza con una victoria que asegura definitiva, pero muy probablemente sea apenas, el primer capítulo.
Mueller dejó abierta la puerta a la obstrucción de justicia, porque seguramente existen evidencias numerosas del intento del presidente por impedir, desviar o cancelar la investigación. Con todo, el procurador Barr fue leal a su jefe y rompió su obligada imparcialidad constitucional. El Congreso viene con todo por él y por el documento.