El Globo

Comité 6 de enero

Todo apunta a que Donald Trump actuó de forma maliciosa para descarrilar el reconocimiento electoral al proceso completo, y reclamar un fraude inexistente.

El comité especial de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos para investigar los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2020 está acercándose a sus conclusiones.

En dos audiencias públicas, del pasado jueves y ayer lunes, el comité ha mostrado videos múltiples de muchos testimonios claves en torno a los eventos posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, en las que Joe Biden resultó ganador.

Es importante decir que a pesar de las dificultades para integrar formalmente al comité, debido a la negativa de los republicanos, quienes preferían archivar los acontecimientos y dejarlo pasar, finalmente el comité ha logrado reunir, en casi 12 meses de trabajo –lea usted–, mil entrevistas con funcionarios, políticos, asesores y consejeros de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump.

Todo apunta a que Donald Trump actuó de forma maliciosa para descarrilar el reconocimiento electoral al proceso completo, y reclamar un fraude inexistente.

Poderosos testimonios de personajes muy importante como el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, o su jefe de campaña, Bill Stepien, o incluso su propia hija y asesora, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, jefe de asesores del presidente.

Todos ellos, en diferente medida o proporción, afirman haberle comunicado al presidente que no había evidencia real o substancial para acusar la existencia de un fraude.

Más aún, Ivanka y Jared afirman haberle dicho la tarde del 6 de enero que pidiera a sus simpatizantes que regresaran a sus casas y no protestaran o atacaran al Capitolio.

El exsecretario de Justicia William Barr declaró, sin ambigüedades, que le comunicó al presidente que no había evidencia alguna de fraude y que todas las teorías que le habían presentado a Trump “eran idiotas, amateurs y separadas por completo de la realidad”.

Uno de los asesores de campaña del presidente Trump acusó a Giulliani, abogado personal del mandatario –quien recomendó a Trump salir a declarar una victoria anticipada, contrario a las recomendaciones de su jefe de campaña–, de que estaba ebrio, “seriamente intoxicado” la noche de la elección.

Es importante recordar en perspectiva histórica que William Barr renunció en diciembre a su cargo como fiscal general de la nación, y después de ese momento Trump tuvo dos procuradores de Justicia más, antes de la toma de posesión de Biden el 20 de enero.

Jeffrey Rosen, exsubprocurador con Barr que ascendió a secretario de Justicia en funciones, se negó a abrir expedientes de investigación por el hipotético fraude y presentar el caso ante la Suprema Corte. Fue removido para designar a Jeffrey Clark, quien había aceptado, bajo la condición de construir el caso del fraude electoral.

Todo parece indicar que el comité presentará conclusiones en las próximas semanas, aunque nadie sabe aún si habrá cargos formales en contra de Trump. ¿Será acusado de algún delito? ¿O quedará en un inequívoco registro de mala fe por parte del presidente, para descarrilar la victoria de Biden y permanecer en la Casa Blanca?

Hoy existen suficientes declaraciones y evidencias, en el que era su círculo más cercano, de que Trump actuó en consciencia y en contrasentido de todas las recomendaciones de sus asesores. No hubo evidencia ni pruebas de ningún fraude electoral, aunque él pregonó a diestra y siniestra que era una víctima. Hasta ahí puede haber señalamientos de prevaricación, distorsión de los hechos y declaraciones falsas con intención de alterar la realidad.

El problema se convierte en cargos criminales cuando se abordan los ataques al Capitolio, aquel fatídico 6 de enero. El comité ya demostró que hubo planeación, actuación coordinada y preparación por parte de Richard Bannon –exasesor político de Trump–, quien operó todo ese día desde el Hotel Willard, a unas cuadras de la Casa Blanca.

Más aún, se presentaron videos en los que representantes republicanos fungieron como cómplices de la turba incendiaria al abrir puertas y hacer tour previo por las instalaciones del Congreso el día 5 de enero.

Eso está ya demostrado y comprobado con sólida evidencia.

El tema es si eso alcanza al entonces presidente Trump, quien consistentemente se ha negado a entregar los registros de 17 horas de llamadas telefónicas y de mensajes desde su móvil y su oficina, argumentando privilegio Ejecutivo.

Su equipo legal ha resistido todos los citatorios y órdenes judiciales para entregar los contenidos de esas llamadas que, a juicio de muchos expertos, son gravemente incriminatorios en contra de Trump.

La causa es simple, fue él mismo, en persona, quien coordinó y dirigió los ataques al Capitolio, giró instrucciones y presionó para incrementar la vehemencia de los manifestantes.

Esperemos las conclusiones, un caso fundamental para la democracia estadounidense.

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