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Reflexiones sobre los cambios que hará Andrés Manuel López Obrador

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Reflexiones sobre los cambios que hará Andrés Manuel López Obrador

11/11/2019

El 18 de julio del 2018 elaboré un artículo en el que consideré las expectativas que tenía sobre la gestión del reciente nombrado presidente electo. A la luz de los acontecimientos creo que me quedé corto en mis previsiones.

El expresidente del IFE consignó recientemente que en las pasadas elecciones del primero de julio, ganó el candidato del cambio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por un margen rotundo y con la aceptación de sus adversarios principales; Ricardo Anaya y José Antonio Meade. A su vez, AMLO reconoció la constitucionalidad de la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, a quien tanto criticó y buscó deslegitimar, lo que hace pensar que la transición de administraciones se hará sin contratiempos; de hecho, Peña Nieto ha tenido actitudes afables de cooperación con AMLO, que han sido vistas por algunos analistas como sometimiento innecesario.

En este ámbito existe preocupación porque un número amplio de miembros del sector empresarial hayan decidido “poner en práctica la obediencia anticipada, consistente en anunciar su colaboración absoluta con órdenes que no se han dado, se ofrecen sin que nadie se los pida”; aunque sólo un tercio del universo de votantes, 90 millones, votó por AMLO, a 30 puntos de distancia del segundo lugar, y su partido Morena, obtuvo el triunfo de las gubernaturas en disputa, con excepción de Guanajuato y Puebla, logró la mayoría absoluta en el Senado, la Cámara de Diputados, y en 19 congresos locales; México regresa a las épocas del presidencialismo todopoderoso. AMLO tendrá autoridad para hacer leyes a su modo, nos encontramos de vuelta en el umbral de una nueva presidencia imperial.

Hartos del PRI, el sistema político de México “regresa a la institución más acabada del priismo, la presidencia sin contrapesos, sin oposición legislativa y política”. Durante décadas se padeció “el carro completo”, ahora se vuelve a un sistema donde una sola persona tiene el control del Congreso, frente al cual todo el mundo agacha la cabeza: los medios, los empresarios y las mismas instituciones. El triunfo de AMLO es incuestionable, derivado de la voluntad popular ante el hartazgo de la corrupción rampante, de la falta de un Estado de derecho, y de una verdadera impartición de Justicia; no obstante, existe un cuestionamiento básico frente a AMLO y Morena, surge la duda de si los electores no se equivocaron en sus decisiones de voto. Es la ciudadanía en general la que deberá ejercer controles frente a las tentaciones autoritarias.

AMLO empieza a reforzar la aceptación de sus bases anunciando medidas de austeridad del gobierno para el próximo sexenio y eliminación de privilegios a la burocracia que tanto afectan a la ciudadanía, con lo que se gana su aplauso, justificado o no, lo importante es que las medidas permitan funcionar eficientemente al aparato gubernamental.

AMLO ha anunciado la implementación de diferentes medidas de austeridad y contra la corrupción, entre las que destacan la reducción del personal de confianza. El propósito de reducir el tamaño de la administración pública es sin duda algo positivo. Hay excesos, ineficiencias e insuficiencias. El problema es que no se resuelve cortando el 70 por ciento del personal de confianza. Esa estrategia puede crear problemas serios en la operación del gobierno, reduciendo personal calificado y dejando personal de base que sobra. De acuerdo con el INEGI, en el Censo de Gobierno 2017, en el gobierno federal laboraban 1 millón 567 mil personas en 320 dependencias públicas. La tasa del 17 por ciento para puestos de confianza, se trata de 266 mil personas, y de ellas serían despedidas 186 mil. Habría que hacer la reducción con criterios diferenciados e incluir a personal de base. Al propio AMLO; su salario será de 108 mil pesos, la mitad de lo que actualmente percibe el presidente Peña Nieto. Su salario estará por debajo de los mandatarios de Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador. Sin embargo, ¡qué alivio! será superior al de Bolivia, Venezuela y Perú. En este ámbito, serían al menos 5 mil funcionarios los que tendrían una reducción en su sueldo.

De acuerdo a especialistas en temas laborales y exfuncionarios, el recorte de percepciones a funcionarios públicos de elevado nivel es un arma de dos filos, si bien se generan ahorros y menor presión en las finanzas públicas, también puede ser el detonador de una fuga de talento del servicio público a la iniciativa privada o al extranjero. Lo que sí se considera justo es limitar las prestaciones y privilegios de servidores públicos de niveles superiores. En este sentido, se ha puntualizado “los policías, militares o de otras corporaciones no estarán al servicio de funcionarios sin plena justificación”.

Se ha señalado que la administración de AMLO reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraude a la Hacienda Pública.

Habrá reubicación de Secretarias. Se busca la descentralización para evitar la concentración de personas en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha presentado un plan para este propósito. Aparentemente “es otra ocurrencia de AMLO”; el costo de mover a cientos de miles de empleados y funcionarios públicos y a sus familiares de la Ciudad de México a otros Estados podría ser estratosférico; ¿quién lo pagará? ¿Habrá suficientes viviendas, escuelas, servicios públicos, infraestructura en general, para acoger a los “chilangos”?; además ¿serían aceptados socialmente?

Se buscará la concentración de compras del sector público. La idea en principio suena coherente para reducir costos de adquisición de bienes y servicios; la experiencia registrada en el sector salud ha sido positiva. Sin embargo, la propuesta de centralizar las compras a cargo de la Secretaría de Hacienda se evalúa como no viable, “no es función de esa dependencia hacer política de contrataciones públicas y está en duda que desde una Subsecretaría exista la capacidad para apoyar a 1537 unidades del gobierno”.

AMLO ha señalado repetidamente que los funcionarios públicos de alto nivel y los legisladores recibirán las prestaciones médicas para ellos y sus familiares, por parte del ISSSTE, en vez de servicios médicos particulares; esta medida merece la aceptación generalizada de la ciudadanía en virtud del abuso excesivo que en la materia se ha realizado. Sólo una pregunta al respecto, ¿tendrá AMLO “un guardadito” para sufragar el gasto que periódicamente realiza por atención de un especialista médico que desde Miami, Florida, viaja a México para atenderlo? El dicho popular dice “o todos coludos o todos rabones”.

En este contexto, es justificable que AMLO considere eliminar los múltiples privilegios que reciben los expresidentes con cargo al Erario, sin embargo, como exfuncionarios públicos, haya sido buena o mala su gestión, tienen por ley el derecho a una pensión y servicios médicos en el ISSSTE.

Los mexicanos debemos en principio respaldar la gestión de AMLO siempre y cuando sus políticas sean coherentes y él mantenga su compromiso de respetar la libertad de las personas y promueva la reconciliación entre los diferentes sectores de la población. El tema sobre AMLO y las políticas que instrumentará no se ha agotado en este espacio, continuaré con mis comentarios, espero sean objetivos y contribuyan a entender el marco del desarrollo de México.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.