Legislar para equilibrar las oportunidades

La aprobación de reformas en áreas estratégicas para el país ha sido el estandarte del inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, hecho que suena alentador: desde asegurar que haya profesores mejor preparados y por ende que la calidad de la educación pública mejore; pasando por fortalecer la seguridad energética de los mexicanos, hasta mejorar las condiciones de competencia para "equilibrar el campo de juego" en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Particularmente considero que el espíritu de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión apunta en el sentido correcto, dado que busca construir un sector con mayor competencia y fortalecer sus diferentes vertientes como infraestructura e inversión, en beneficio de los usuarios. En los próximos días el Poder Legislativo tendrá la oportunidad y responsabilidad de concluir con el proceso de reformas a la Constitución, asentando en las leyes secundarias los detalles de la implementación de las grandes directrices. Esto deberá sobre todo verse reflejado en el ordenamiento único que regulará de manera convergente telecomunicaciones y radiocomunicación, y en la nueva Ley Federal de Competencia Económica.

En adición a trabajar en la composición de las leyes secundarias que profundicen el sentido de dichas reformas, el reto mayúsculo es el que vendrá después: la implementación efectiva de las reformas, es decir, la traducción de la regulación en hechos concretos.

Sólo llegando a la médula, podrán garantizarse los verdaderos cambios, aquellos que impulsen el desarrollo del país y obedezcan a los intereses de la mayoría, aquellos que aseguren la disminución en la brecha de oportunidades.

La mayoría de las reformas alcanzadas tienen que ver precisamente con eso: con reducir desigualdades y democratizar las oportunidades.


Leía por ejemplo un informe reciente de Oxfam en el que se destaca que: "La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante".

El tema es sin duda relevante pues pone de manifiesto el peligro que esto puede representar para el desarrollo de las sociedades y de las personas.

El informe resume que la desigualdad económica extrema y el hecho de que los procesos democráticos estén dominados por las élites son demasiado a menudo interdependientes.

Ante este panorama, los gobiernos deben trabajar en la construcción de políticas que privilegien los intereses de la sociedad en general y no los de menos, pues de lo contrario la igualdad de oportunidades prácticamente desaparecerá. El punto es que eso a la larga nos afecta a todos.

México es un claro ejemplo en el tema de desigualdad: 45.5% de la población vive en pobreza; es decir, 53.3 millones de personas, de las cuales 9.8 millones viven en extrema pobreza, de acuerdo con el informe de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).


Si los beneficios de las reformas apuntan a cuidar e incrementar los intereses de pocos, nos habremos equivocado nuevamente y habrá pasado ante nosotros la gran oportunidad de equilibrar el progreso para la mayoría de los ciudadanos del país.