El segundo semestre de 2014 fue el periodo en el que se derrumbó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 30 de junio sucedió la matanza de Tlatlaya; el 26 de septiembre, Ayotzinapa, y en noviembre salieron a la luz pública la casa blanca y la de Malinalco, pagadas por la constructora Higa. En apenas 16 semanas se esfumó el efímero Mexican Moment, con el que Peña intentaba construir el propósito de su gobierno.
Si bien las manifestaciones en apoyo a los 43 estudiantes fueron importantes y desgarradoras, a ese enojo de la sociedad no se le sumó el agravio de la corrupción y las protestas quedaron lejos de lo que deberían haber conseguido.
En cambio, este mes hemos visto dos ejemplos del alcance de la sociedad civil movilizada cuando no concede ante el poder. Durante junio y julio se han vivido en Hong Kong y Puerto Rico manifestaciones sociales de gran envergadura contra sus gobiernos. En el caso de Hong Kong, las protestas se desataron por el rechazo a la ley de extradición, con más de un millón de participantes. Tras el pésimo manejo por parte de Carrie Lam y la fuerza pública, las manifestaciones crecieron y continúan, incluso tras conseguir su objetivo inicial de matar la ley.
En el caso de Puerto Rico, el "escándalo del chat" (Telegram) en el que Ricardo Rosselló hizo comentarios misóginos, homofóbicos e insultantes contra adversarios políticos, artistas, periodistas y se burló de víctimas del huracán María, desató manifestaciones de decenas de miles en su contra, exigiendo su renuncia.
La primera reacción de Lam y Rosselló fue salir del paso con "un mejoral"; aplazar la discusión de la ley, en el primer caso; y no presentarse a la reelección en el segundo. Sus respuestas causaron más escozor e incrementaron el número de personas en las calles en su contra. La escalada de manifestaciones y violencia llevó a que Lam sepultara la ley y renunciara (pero Pekín no aceptó dicha renuncia), y que Rosselló dimitiera del cargo.
La sociedad mexicana perdió la oportunidad de hacer algo muy parecido en 2014.