Esta semana se dio a conocer el Informe de Seguridad 2019 que realiza Causa en Común. El contenido del reporte es la recopilación de lo que leemos en los diarios o vemos en redes sociales, cada hora, todos los días, los 365 días del año. La violencia en México desbordada; y como afirman los LeBarón, la absoluta impunidad.
En el periodo diciembre 2018 a octubre 2019 se tienen registradas más de 32 mil víctimas de homicidio, casi mil feminicidios, más de mil 500 secuestros, cerca de ocho mil extorsiones. Es decir, diario se cometen 100 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones. Todos estos delitos aumentaron con respecto al año anterior. En los meses recientes, además, hemos visto enfrentamientos brutales entre el crimen organizado y las fuerzas del orden público: Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, los más recientes.
Respecto a esta crisis, Causa en Común expresa su opinión sobre la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de las policías locales, la necesidad de fortalecer el sistema de atención a víctimas y la transparencia de las instituciones de seguridad, así como la importancia de revisar los criterios de asignación de presupuesto y recursos a las instituciones de seguridad.
El informe también propone medidas y acciones concretas para enfrentar este grave problema. Pero más allá de las ideas y recomendaciones de esta ONG especializada en la materia, lo que es de llamar la atención es que en materia de seguridad pública pareciera no existir diálogo entre víctimas, sociedad civil, academia, expertos, sector privado y autoridades (de los tres órdenes de gobierno).
Urge establecer un espacio de trabajo y talleres de análisis, discusión y construcción de acuerdos, de manera plural, incluyente, sistemática y responsable. Definir una estrategia nacional (de Estado) de seguridad pública requiere de la participación de un universo amplio de actores. A un año de administración, con la experiencia adquirida, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tendría que impulsar un mecanismo de esta naturaleza para reencausar la política de seguridad de México.