La crisis de inseguridad e injusticia en México se agudiza, y la herida está abierta como nunca antes en relación a los feminicidios. La recompensa de dos millones de pesos por los asesinos de la niña Fátima es un acto minúsculo ante la impunidad absoluta en relación a estos crímenes.
La semana pasada la ONU emitió su reporte sobre justicia en el mundo. México cayó al lugar 99 en la escala; en el componente de justicia criminal somos el país 115 de 126; ocupamos el lugar 117 en corrupción y también en seguridad y orden. El reporte es un crudo reflejo del colapso absoluto de nuestro sistema de seguridad y justicia. De ahí la importancia de los esfuerzos que la actual administración impulsa en este sentido. Pero el gobierno, y en particular la Fiscalía, el Senado y la Suprema Corte de Justicia, deben reconocer que NO pueden solos, y que existe un enorme cúmulo de experiencia y conocimiento en la sociedad civil en México.
Durante 2018 y 2019 el Grupo de Trabajo sobre la Justicia (Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas), congregó a Estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado a fin de acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Paz, la Justicia y la Inclusión. El reporte es muy claro y aboga por: situar la justicia en el centro del desarrollo sostenible, colocar a las personas en el centro de los sistemas de justicia, así como pasar de un sistema de justicia para pocos a un sistema de justicia para todos.
Hace décadas que esa ha sido la agenda de un grupo amplio y plural de activistas y académicos, promoviendo un sistema judicial que permita alcanzar su única misión: defender la justicia y los derechos de víctimas y sus familiares. Algunos de ellos son parte del colectivo FiscalíaQueSirva, como Fundar, Serapaz, el IMDHD, Causa en Común, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otros. Cualquier esfuerzo de reforma por parte del gobierno, la Corte y del Legislativo debe incorporar estas y otras organizaciones en la tarea de transformar nuestras instituciones de justicia.