La autora es comisionada del INAI.
La información pública puede mejorar y salvar las vidas de los mexicanos. Por ejemplo, cuando la utilizan las autoridades para decidir qué políticas y programas implementarán para controlar los problemas públicos que demeritan la calidad de vida de la población, o cuando las personas la utilizan directamente para satisfacer necesidades como acceder a bienes y servicios, recibir apoyos sociales, acceder a un expediente clínico y cambiar de lugar de residencia. Para esto se requieren por lo menos dos grandes tipos de información pública: la que documenta y sirve para rendir cuentas del quehacer gubernamental, y la que sirve como evidencia para basar las políticas públicas. Hoy me referiré a este segundo tipo.
Información como el Censo 2020 ofrece una radiografía de la situación demográfica y socioeconómica de los que habitamos en territorio mexicano, por lo tanto, será clave para actualizar o redireccionar políticas públicas y llevar soluciones viables, sustentables y acordes con las necesidades de cada localidad, estado y región del país. Más allá de sus características técnicas, me interesa destacar su relevancia para la transparencia: se trata de información con altísima importancia pública, cuya producción se mantiene en tiempo y está disponible para las personas interesadas mediante datos abiertos.
En estos tiempos que se discute sobre la importancia de los órganos constitucionalmente autónomos para el acceso a la información y la transparencia, es importante destacar que además del INAI y sus homólogos estatales, otras instituciones también tienen competencia. El Inegi también forma parte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). El Inegi genera el Censo 2020 y otros datos que sirven para diseñar políticas de transparencia y con este enfoque gracias al Censo sabemos las características más actuales de la población, en general y de grupos específicos. Un ejemplo por demás ilustrativo es el mapa que circuló en redes sociales sobre lugares de residencia de la población soltera en la Ciudad de México. ¡A ese grado de aprovechamiento se puede llegar gracias a los datos del Censo!
Este año destacó el esfuerzo del Inegi por generar información sobre grupos de población en situación de vulnerabilidad. Como ya es sabido, se dedicaron apartados específicos para conocer sobre las poblaciones con discapacidad y afrodescendientes. Podemos usar estos datos para definir con más claridad las necesidades de información de estos grupos y diseñar mecanismos para facilitarles el acceso a ella. En el mismo tenor podemos utilizar los datos sobre otros temas relevantes como migración, natalidad y fecundidad, educación, derechohabiencia y vivienda. El análisis geográfico, por edad, sexo, volúmenes, direcciones y otras variables, también permite diseñar estrategias de transparencia proactiva y apertura gubernamental para la construcción de conocimiento público y la cocreación entre autoridades y población, tal como lo mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las autoridades no pueden esperar a que las personas les pidan la información, se deben esforzar en adelantarse a ello, en ser proactivos. La experiencia técnica y metodológica ganada por el Inegi durante la implementación del Censo 2020 también puede ser compartida al Sistema Nacional de Transparencia mediante convenios de colaboración, para crear formatos que faciliten la generación, obtención, adquisición, transformación y puesta a disposición de la información en posesión de las instituciones públicas, de modo que sea accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la ley ya mencionada.
Estas son sólo algunas ideas para reconocer la excelencia y la relevancia del trabajo del Inegi como órgano constitucional autónomo que también tiene competencias en materia de transparencia, así como sobre la utilidad del Censo 2020 sobre el tema. Me gustaría leer qué opinan.