Los derechos no son privativos de nadie y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, seguiremos dando la batalla. Los números son fríos y no mienten, los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) son oficiales, ahora sí que “no te hagan pato con otros datos”: el acceso a la información y la protección de la privacidad son derechos constitucionales.
Existen 7 mil 176 recursos interpuestos en el INAI por personas cuyos derechos permanecen coartados por omisiones legislativas en los nombramientos de comisionados del Instituto. Esto no quiere decir que el derecho a saber y la protección de datos estén detenidos; por el contrario, la Plataforma Nacional de Transparencia sigue funcionando.
Prueba de ello es que precisamente en julio concluyó el periodo de carga de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2023. Con ello, la sociedad puede consultar la información pública sobre licitaciones, contratos, adjudicaciones, padrones, directorios, trámites y más, datos actualizados por los 8 mil 240 sujetos obligados de nuestro país.
Este periodo de carga tiene una particularidad: llega después de que el 31 de marzo de 2023 se aprobó y se reformaron los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de la información, para poder contar con información con perspectiva de género que puede ser consultada a través del buscador temático de género de la PNT que presentamos el 5 de mayo de este año en el marco de su séptimo aniversario.
Del 18 al 25 de abril de 2023 se capacitó a 774 sujetos obligados de la Federación y a todos los organismos garantes estatales. Por ello, la Plataforma contará con nuevos datos de género, pues es la primera vez que se cargarán por la reforma en mención. A la fecha, la PNT cuenta con 10 mil 373 millones 83 mil 299 registros de obligaciones disponibles para su consulta.
¿Pero por qué decimos que el derecho a saber no se detiene? Porque las solicitudes y recursos siguen ingresando: con corte al 27 de julio de este año, contamos con 8 millones 735 mil 301 solicitudes y 401 mil 87 recursos ingresados. Además, los buscadores son un complemento ideal para acceder a información de forma expedita. El total de consulta a buscadores es de 18 millones 845 mil 837.
De igual manera, debemos mencionar que se presenta una disminución de 2 mil 259 recursos ingresados, respecto al año anterior, lo que representa un decremento del 16.7 por ciento (hasta el 12 de julio). El punto de inflexión estadístico es precisamente la falta de quorum en abril de este año, cuando inició la parálisis parcial que atraviesa el INAI. Esto es otra forma de ver el mismo problema: no solo existen más de 7 mil recursos detenidos, sino que las autoridades, al impedir la operatividad propia de un órgano autónomo, desalientan a la sociedad a pedir información pública, lo que afecta la progresividad de los derechos humanos.
El conocimiento colectivo y el ejercicio de los derechos tutelados por el INAI, que fueron posibles sólo a partir de la lucha democrática y social hace más de dos décadas, han ido en franco crecimiento, lo cual es una señal optimista para fortalecer el Estado de derecho.
Respecto a lo anterior, basta un ejemplo: en 2003, cuando iniciaba el entonces IFAI, fueron ingresadas a los sujetos obligados del orden federal alrededor de 24 mil solicitudes (tanto en información como en datos personales); en 2012, este número ascendió a más de 100 mil; y, en 2022, la sociedad ingresó 380 mil 377 solicitudes (326 mil 907 sobre información pública y 53 mil 470 sobre datos personales). Lo mismo sucede cuando vemos el histórico de los medios de impugnación interpuestos: en 2015 se presentaron poco menos de 8 mil; en 2022 fueron 26 mil 152.
La Plataforma Nacional de Transparencia es reconocida a nivel mundial como única, y es un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.
La autora es comisionada del INAI.