El voto por la cárcel

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Algo inquietante en el segundo debate de Hillary Clinton y Donald Trump fue sin duda el momento en que éste le dice a su contrincante que de estar en el poder la iba a meter a la cárcel. Sorprendió a todos por la dureza. De entrada se trataba de un hombre advirtiéndole a una mujer que la encarcelaría, esto independientemente de que se trata de adversarios políticos y no personas con algún tipo de deuda entre sí.

Fue la primera vez que en un debate presidencial se dio una amenaza de ese estilo. En un artículo del New York Times firmado por Max Fisher y Amanda Taub –que entrevistaron a especialistas norteamericanos en ciencia política– se afirma que ese tipo de declaraciones son propias de una democracia en problemas, de personajes como Hugo Chávez o Robert Mugabe (presidente de Zimbawe). La maestra Adrienne LeBas dijo que se trataba de una amenaza al Estado de derecho y a la estabilidad de las instituciones, así como a las cortes y las agencias policiacas responsables de aplicar la ley. Es la "absoluta personalización del poder", como lo ha visto en Togo y Etiopía, donde las amenazas a los oponentes políticos son explícitas.

En The Atlantic, un texto señala que los presidentes no son los encargados de aplicar la ley. "Así no funciona una democracia". Fueron varios los artículos al respecto. La amenaza no es viable porque implica descomponer el funcionamiento de las instituciones y personalizar la aplicación de la ley.

En México el asunto es al revés. Como en Togo, Zimbawe o Etiopía, la promesa con la que se avienta cualquier candidato a gobernador es la de meter a la cárcel a su antecesor –y, si se le ocurre, también a su oponente–. Se entiende que el enojo de la gente con la corrupción es mayúsculo, que la situación es extrema en algunos lugares por el robadero y la impunidad. Pero veamos qué ha pasado con esas promesas. El Bronco –primer sujeto en hacer de la cárcel su programa de campaña– no ha podido hacerle nada a su antecesor. Ya hasta lo regañó un juez por no saber integrar el expediente y no acoplarse a las modalidades del juicio.

Claro que está el caso de Javier Duarte, ya perseguido por la justicia federal. Sinceramente parecía en chino que Miguel Ángel Yunes lograra fincarle responsabilidades a nivel local. Si cree que él lo va meter a la cárcel no lo va a hacer: eso lo hará el gobierno de Peña, que no permitirá que esa medalla se la lleve el nuevo gobernador. O está el caso de Javier Corral –un hombre acomplejado y mezquino– que por primera vez en su vida enfrenta el problema de tener responsabilidades que van más allá de su lengua. En tan sólo los primeros diez días de gobierno el número de muertos en el estado alcanzó los sesenta. Ahora solicita a la federación operativos conjuntos por los que tanto vituperó a Calderón. Pero claro, él prometió meter a la cárcel a César Duarte. Y ahora ante la emergencia de seguridad ni quien se acuerde de la promesa del demagogo. ¿Cuál va a ser su prioridad?

Nuestro esfuerzo debe centrarse en conseguir instituciones firmes que apliquen la justicia a los corruptos, claro. Pero hay que recordar que elegimos gobernantes, no policías.

Twitter: @JuanIZavala

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