Otro conflicto por la dirección legislativa
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Otro conflicto por la dirección legislativa

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Otro conflicto por la dirección legislativa

12/09/2019

Tremenda repercusión política tuvo hacia finales de agosto y principios de septiembre la intentona reeleccionista de Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La reelección de él o la designación de cualquier otro legislador de Morena, habría infringido de manera patente lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General.

En efecto, el artículo 17 de dicha Ley Orgánica establece que la Cámara de Diputados elegirá cada año a los integrantes de su mesa directiva, por cierto “por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes”. Ese artículo 17 dice que para los años segundo y tercero de cada Legislatura se “garantizará que la presidencia de la mesa directiva para tales ejercicios (segundo y tercero) recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”.

En el caso de la actual 64 Legislatura federal, la presidencia de la Cámara de Diputados debió corresponder, como finalmente ocurrió, a una diputada del PAN, y el año próximo tocará a un legislador priista. Finalmente así sucedió por el manotazo que sobre la mesa tuvo que dar el presidente López Obrador, que de esa manera impidió el agandalle que pretendían realizar los diputados de Morena, su propio partido.

Se trae a cuento lo anterior, tema objeto de numerosos comentarios en días pasados, con motivo de que el Congreso local de Coahuila (del cual formo parte), incluye en su Ley Orgánica una disposición similar a la prevista para la renovación anual de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, aplicable a la Junta de Gobierno de la Legislatura coahuilense.

Así, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila dispone, en relación con el presidente de su Junta de Gobierno, que si ningún partido tiene mayoría absoluta de integrantes, lo cual es el caso, entonces dicha presidencia “será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados”, lo cual sucederá en orden decreciente del número de legisladores que los integran.

Las últimas elecciones legislativas de Coahuila, efectuadas en junio de 2017, arrojaron en cuanto a número de diputados los siguientes resultados: PRI 10, PAN 9, UDE (Unión Democrática Coahuilense, partido local) 3, Morena 2 y PRD 1. En los términos previstos por la Ley Orgánica, el primero año la presidencia de la Junta de Gobierno la tuvo el PRI, el segundo –que es el que corre- un panista, y el año próximo correspondería ejercerla a un diputado de la UDC, que ganó tres distritos, más que los dos legisladores que obtuvo Morena, ambos “pluris”.

El caso es que a la UDC le desertó el año pasado uno de sus tres diputados, quien se declaró independiente y se echó totalmente en brazos del PRI. Quedaron así empatados con par de diputados UDC y Morena, aunque Morena obtuvo en la elección más votos que UDC. Así las cosas, ¿a qué partido corresponderá presidir la Junta de Gobierno el año próximo, a UDC o a Morena?

Para complicar aún más el problema, resulta que los dos diputados de Morena, hombre y mujer, firmaron un convenio para repartirse la coordinación a razón de un año y medio cada uno. Desde junio y todo el año próximo corresponde la coordinación del grupo parlamentario de Morena a la dama legisladora, de nombre Elisa Villalobos.

Apenas dio inicio el actual periodo de sesiones el Congreso local de Coahuila, el pasado 2 de septiembre, y el diputado de Morena, Benito Ramírez, desde la tribuna legislativa dio cuenta de su salida de su grupo parlamentario, con lo cual éste, el de Morena, queda con un solo legislador, uno menos que UDC.

¿Por qué renunció el Dip. Ramírez al grupo parlamentario de Morena? Él mismo lo dijo públicamente: Porque su ahora excompañera ha seguido siempre un patrón de voto con el grupo priista, aun en casos graves, para encubrir la corrupción oficial y en abierta complicidad con los gobiernos priistas coahuilenses, caracterizados por el saqueo que han hecho del estado. Y mencionó una a una las veces en que la diputada de Morena salvó al PRI de ser investigado, rendir cuentas y ser sancionado. Todo un historial de complicidades con el sistema, lo cual es cierto, tan cierto como que Morena nada absolutamente ha hecho. Con esto el Dip. Benito Ramírez, impide que la morenista llegue a presidir la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila en 2020.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.