Arduo, sinuoso y difícil fue el camino que se tuvo que recorrer antes de llegar a tener, en el ámbito federal, procesos electorales aseados y confiables. Por supuesto, la jornada del 2 de julio del 2000, la de la primera alternancia, jamás habría tenido lugar sin el previo camino andado, que visiblemente tuvo dos tramos: uno inicial, para establecer el marco jurídico apropiado; y otro posterior, para poner en ejecución, con las personas idóneas, los avances logrados en el primero.
Desde los principios de la década de los 70, fueron constantes los cambios a la legislación electoral federal. El mal sabor de boca que dejaban las elecciones, la creciente pérdida de legitimidad de las autoridades surgidas de comicios fraudulentos, pero sobre todo las protestas post electorales que se multiplicaron en las últimas dos décadas, fueron los factores que impulsaron las permanentes reformas para avanzar en transparencia y limpieza.
En esas sucesivas reformas, a lo largo de los años 80 y 90, parecía que las normas jurídicas aprobadas eran por fin las pertinentes. Pero siempre hacía falta algo más, pues el mal sabor de boca, la ilegitimidad y las protestas continuaban. El oficialismo pretendía no entender que la mejor ley, sin las personas honorables que la apliquen, de nada sirve. De igual manera que es verdad que la norma jurídica más defectuosa – especialmente si trata de la materia electoral- salvará su aplicación si queda en manos de personas comprometidas con la imparcialidad, la justicia y la equidad.
Nada importante se habría logrado, por ejemplo, si al entonces IFE no llegan, incluso en pleno proceso electoral como sucedió en 94, personas de solvencia, prestigio y credibilidad, no obstante su muy respetable preferencia política previa y posterior militancia de algunos, como Miguel Ángel Granados Chapa, Santiago Creel, José Woldenberg, Ricardo Pozas Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti, en una primera etapa, y como Alonso Lujambio, Juan Molinar, Jaime Cárdenas Gracia, Mauricio Merino o José Cantú, en la siguiente.
Lo anterior viene al caso con motivo de la clara embestida que se observa del actual gobierno en contra del INE. De su independencia, de su profesionalismo, de su trayectoria que cumple ya tres décadas y del prestigio y credibilidad de que goza y se ha sabido ganar dentro y fuera del país. Si llegaran a someterlo no tienen idea sus verdugos -aunque debieran tenerla, porque no son nuevos en las lides electorales- del grave daño que le causarán al país. Harán que México retroceda varias décadas en el desarrollo político que a base de tantos esfuerzos ha logrado.
Tanta inquina contra el INE sólo pude tener dos explicaciones. Una u otra que aquí se mencionarán, o ambas. La primera, que quizá el actual régimen finalmente, conforme a su propósito original, sí terminará por dar la espalda al sistema democrático, del que sólo simuló ser partidario por mera conveniencia. De manera tal que lo que ahora observamos es apenas el principio de lo que luego vendrá.
La otra, que el resentimiento que el grupo gobernante guarda con respecto a la elección presidencial del 2006 es tan grande, que ésta es la forma, elemental y primitiva por supuesto, de tomar venganza contra el INE. Una elección que ese grupo tiene por fraudulenta, lo cual jamás pudo demostrar. Pero a la que le sigue haciendo propaganda en tal sentido. Bajo la premisa, de corte totalitario, de que una mentira repetida un millón de veces, según la visión autoritaria, termina por ser "verdad". Esperemos que todo quede en intento.