El domingo 7 de junio del presente y calamitoso año de 2020 se debieron haber celebrado elecciones en Coahuila para la renovación de su Congreso local. También en el estado de Hidalgo en la misma fecha para elegir ayuntamientos. La pandemia de Covid-19 vino a cambiar las cosas. Cuando faltaban 67 días para los comicios, el pasado 1 de abril, el consejo general del INE, en ejercicio de la facultad de atracción que le confiere la Constitución, resolvió suspender el proceso electoral en ambos estados, en Coahuila y en Hidalgo.
Obviamente tal decisión, inédita hasta donde se tiene noticia, obedeció a la necesidad de evitar los contagios del virus que desde hace medio año tiene sumido al mundo entero en gravísimos problemas. Que se haya sabido, a nadie le pareció incorrecta o cuestionable la decisión del INE. Ello a pesar de que la ola de contagios apenas iniciaba y de que el grueso de la población ni idea tenía de lo que vendría en las siguientes semanas y meses.
Cuando el INE tomó el acuerdo de paralizar ambos procesos electorales, señaló que mantendría permanente comunicación con las autoridades sanitarias, para el efecto de que con base en la información de éstas se convocara a la reanudación de los procesos cuando las condiciones se consideraran ya favorables y las elecciones pudieran realizarse.
Bueno, pues por mentira que parezca, cuando la pandemia está a todo lo que da, cuando las cifras de contagios y decesos no parecen tener un punto cercano de inflexión, cuando las tendencias apuntan hacia escenarios sombríos en las próximas semanas y hasta meses, y desde luego cuando la situación hoy y los pronósticos conocidos son notoriamente peores a los que había al momento de tomar la decisión de suspender, resulta que en días pasados el INE resolvió que los procesos se reanudan y las elecciones deben celebrarse el domingo 18 de octubre. ¡Increíble!
En la historia del INE, antes IFE, es difícil encontrar una resolución suya más desacertada e incorrecta que ésta. Y todo por el temor, por no decir cobardía, a ser audaces. Un solo dato lo dice todo: ¿cómo se explica que los consejeros hayan discutido el asunto durante más de cuatro horas para luego resolverlo prácticamente por unanimidad? No parece algo lógico. Simplemente operó el mecanismo que nos hace darle muchas vueltas a una cuestión cuando falta valor para resolverla como debe ser, y tal forma de actuar es como un bálsamo para tranquilizar la conciencia.
Lo anterior quedó aún más de manifiesto –sobre el estado de conciencia— cuando en la parte final del punto a discusión, de hecho ya en plena votación, se suscitó en el Consejo General un debate verdaderamente patético (acerca de cómo establecer comunicación con el Consejo de Salubridad General), a grado tal que ni los consejeros ni el secretario ejecutivo acertaban en la forma de redactar un par de líneas.
Otro dato, en el cual ni un solo consejero reparó: si por la información que en la sesión se conoció la situación epidemiológica de Hidalgo es diferente a la de Coahuila, ¿cómo se justifica que para ambos estados se haya fijado una misma fecha para llevar a cabo la elección? No tenemos respuesta.
¿Cuál es en el fondo el temor de los consejeros del INE? Que llegue la fecha en que deban tomar posesión los integrantes de los nuevos ayuntamientos del estado de Hidalgo y quienes conformarán la próxima legislatura de Coahuila y la elección no esté hecha. Intuyo que esto les pesa mucho. Como que se sentirán culpables de algo gravísimo si así llegara a suceder. Es algo que sencillamente no pueden asimilar y menos aún aceptar. No consideran que no está en su voluntad superar las consecuencias de tan tremenda eventualidad, como no la ha tenido el mundo en un siglo. Para ponerlo más gráficamente, de acuerdo a la conocida broma, si fueran propietarios de una empresa transportista de pasajeros adoptarían como lema publicitario aquel de "primero muertos que llegar tarde".
Ahora bien, si se cumpliera la fecha del cambio de ayuntamientos en Hidalgo y de la renovación del Congreso en Coahuila y la elección no se hubiere efectuado, la solución desde el punto de vista jurídico sería relativamente sencilla en el primer caso y un tanto menos en el segundo. Pero lo hay.
En el caso de Hidalgo, su Congreso local, que no se renueva, tiene la facultad constitucional en situaciones como ésta de nombrar consejos municipales.
Por lo que hace a Coahuila, procede tener presente que la Constitución General de la República no establece en parte alguna que la duración del cargo de diputado local deba ser de tres años, aunque sí lo dice la Constitución local. De ser necesario, se podría adicionar a ésta un transitorio según el cual la siguiente legislatura, que será la LXII (62), asumirá sus funciones una vez que haya sido posible realizar las elecciones correspondientes.
Se conoce al menos un precedente de una elección para diputados locales que tuvo que posponerse, no con motivo de una epidemia sino por causa de inestabilidad política. Los comicios para renovar la XXV Legislatura de Coahuila debieron haberse realizado el último domingo de agosto de 1923 y los diputados electos a la XXVI Legislatura tomado posesión del cargo el 14 de noviembre del mismo año. Sin embargo, las elecciones sólo pudieron efectuarse hasta finales de febrero de 1924. Es decir, más de tres meses después de la fecha en la que los nuevos diputados debieron originalmente rendir protesta.