El pasado 16 de abril, martes de Semana Santa, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dirigió a sus secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda un insólito y desconcertante memorándum. Sobre este documento, dado a conocer a la opinión pública y firmado por el propio Ejecutivo, a pesar de los días inhábiles en que se emitió, ya se ha escrito y dicho bastante.
Sin embargo, no obstante los muy completos análisis y numerosos comentarios de que ha sido objeto tal memorándum, hay algunos aspectos del mismo que no han sido abordados o han pasado relativamente inadvertidos. En el entendido de que a estas alturas ya no hace falta referirse expresamente a la esencia de su contenido, por lo demás bien conocido y explorado, pues ha sido sometido a riguroso análisis, van algunos puntos que han quedado en el tintero.
Llama la atención que prácticamente ni un solo personaje importante o conocido del país, ni siquiera de la izquierda, ya sea de la academia o de la política o del periodismo, ha salido en defensa de López Obrador por su puntada de haber girado dicho memorándum para darles a los tres secretarios de Estado mencionados "lineamientos y directivas", para los que carece de facultades y de todo fundamento jurídico.
Al menos no cita expresamente cuáles facultades son, aunque sí las invoca genéricamente sin especificarlas. Los instruye pues a violentar la Constitución y a incumplir mandatos expresos de la ley y por ello, seguramente, nadie ha salido en su defensa.
Salió por ahí, de manera muy forzada en apoyo de su jefe, el coordinador de los diputados de Morena. No dijo en sí nada relevante quien hace seis años, como senador, apoyó la reforma educativa que luego criticó en términos muy burdos. Carece pues de autoridad moral, ese diputado, ya que ni siquiera pudo salir en su propia defensa.
Llama también la atención que hasta ahora, por no saberse otra cosa, nadie haya hecho alusión a la figura constitucional del refrendo, prevista por el art. 95 de la Carta Magna. Dice este precepto lo siguiente: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán ser firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁN OBEDECIDOS".
Hay que tener presente que el tristemente célebre memorándum de López Obrador sólo lleva su firma. Si los secretarios de Estado no lo firman, constitucionalmente están obligados a no obedecerlo; y si lo hacen, es decir, si lo rubrican, incurrirán por ese solo hecho en un delito, toda vez que estarán convalidando órdenes que abiertamente violan disposiciones constitucionales y legales expresas.
Esos tres secretarios, dos hombres y una mujer, carentes de valor civil, enfrentan claramente un dilema bicornudo. Para el lado que se hagan los cuerna el toro. Pobres.