Tal como lo vino informando desde varias semanas antes, el pasado 5 de febrero, aniversario número 107 de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador anunció –y ese mismo día realizó— la presentación ante la Cámara de Diputados de una veintena de iniciativas de reformas, prácticamente todas, a la cumpleañera Carta Magna.
No deja de llamar la atención el hecho de que el Ejecutivo, cuando le faltan menos de ocho meses para concluir su mandato, haya enviado ese paquete de proyectos de modificaciones a la Constitución, después de más de cinco años de estar en el poder. Pero además, conociendo que (casi) todas estas propuestas, como bien lo sabe el propio López Obrador, no tienen asegurada la mayoría calificada (de dos terceras partes) de legisladores en ambas cámaras, debe tener la certeza de que serán desechadas. ¿Entonces cuál es la razón de que las haya presentado? Muy sencillo, el mismo presidente lo aclaró el martes 6: “porque estamos en campaña electoral”.
Ah, bueno, con esa respuesta —primera consideración— se confirmó lo que muchos supusieron, aunque no se requería demasiada sabiduría política ni ser muy suspicaz para adivinar que ese, ni más ni menos, es el propósito de tal paquete legislativo. Para decirlo en palabras del propio López Obrador: se trata de “pura politiquería”.
Segunda consideración: Cuando menos seis, de las veinte iniciativas presidenciales, requieren en su exposición de motivos el señalamiento expreso y claro de dónde procederán los recursos económicos para, una vez aprobadas, sean viables y posible su aplicación.
Tales propuestas son las siguientes: 1. Otorgar becas a estudiantes pobres en todos los niveles. 2. Atención médica gratuita a todos los mexicanos. 3. Salario a profesores, policía, Guardia Nacional y enfermeras superior al que perciben en promedio los trabajadores inscritos en el Seguro Social. 4. Reversión de las pensiones al sistema de reparto. 5. Salario mínimo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, mientras se capacitan. Y 6. Internet gratuito, como derecho.
De aprobarse esas iniciativas, es claro que se requerirán recursos presupuestales muy cuantiosos. La ley indica que en estos casos deben calcularse y especificarse de dónde habrán de salir.
En efecto, la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” establece en el artículo 18, párrafo cuarto, lo siguiente:
“El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión”.
Tercera consideración: Apenas el jueves de la semana pasada, 1 de febrero, el consejo general del INE aprobó el registro de la “plataforma política electoral de Morena para el proceso electoral 2024″. Se trata de un documento de 44 cuartillas presentado por ese partido a la autoridad electoral en los términos del artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:
“Artículo 236.1 Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener (del INE) el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas”.
Bueno, pues si estamos en “campaña electoral” y a eso obedece la presentación de las veinte iniciativas por parte de López Obrador, da la casualidad de que son varias las propuestas de ese paquete que no aparecen en dicha plataforma. Entre otras, y sólo a manera de ejemplo: la prohibición del fracking y el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por si a alguien le puede parecer irrelevante el par de ejemplos anteriores, vale entonces la pena mencionar que en su plataforma para la campaña electoral próxima a iniciar, Morena y sus “candidatos estarán obligados a sostener a lo largo de la campaña”, a sabiendas de que ese documento no incluye las propuestas siguientes: la reducción del financiamiento público a los partidos, ni la desaparición de los plurinominales, ni la reducción del número de diputados y senadores; tampoco la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ni que la designación de jueces, magistrados, ministros de la Corte y consejeros electorales del INE sea por votación popular, por no aparecer en su plataforma electoral oficialmente registrada ante el INE. Lo dicho: se trata de pura politiquería.