Sin duda López Obrador tiene, incluso memorizado, un muy completo prontuario de adjetivos ofensivos para aplicarlos a sus enemigos políticos cada vez que se le ocurre. No digo diccionario sino prontuario de adjetivos y sustantivos adjetivados porque cada vez que los vocifera no se advierte que los pronuncie en orden alfabético, sino en alguno otro orden que por lo pronto desconocemos.
En su mañanera del lunes pasado empleó parte de ese prontuario al responder a la pregunta que se le hizo acerca de su opinión sobre la marcha ciudadana convocada este domingo para exigirle que respete al INE.
Les dijo: simuladores, oligarcas, engañadores, saqueadores, corruptos, rateros, achichincles, aspiracionistas, despistados, fifís, hipócritas, mentirosos, racistas, clasistas, fraudulentos, controladores, defraudadores, inmorales y deshonestos. Nomás.
Y aprovechó para repetir las supuestas bondades que dice tiene su iniciativa de (contra)reforma electoral. Obviamente las plantea, él sí, de manera mentirosa y sofista. Mera propaganda engañabobos. Veamos en qué consisten dos de esas supuestas bondades.
Propone el Presidente que se cancele el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y que sólo reciban apoyos durante las campañas electorales. Qué casualidad que después de un cuarto de siglo, López Obrador reaccione de esta manera y ahora le parezcan un abuso los montos de dinero público que reciben los partidos.
Vale recordar que el financiamiento público fue establecido con las características que hoy tiene en la reforma electoral de 1996, aquella que se llamó “definitiva”, precisamente cuando López Obrador era presidente nacional del PRD. Y hasta donde se recuerda, no se tiene presente que él haya estado entonces en contra del financiamiento público y mucho menos que lo hubiera rechazado.
Más aún: El año siguiente al de aquella reforma electoral tuvieron lugar los comicios intermedios de 1997, que únicamente fueron para diputados federales. En esa ocasión, el financiamiento público a los partidos se calculó como si también se postularan candidatos a senadores y a la presidencia de la República, ello con el objeto de que los partidos recibieran del gobierno mucho más dinero que el establecido por la ley. El PAN rechazó la diferencia, de docenas de millones de pesos, y la reintegró al erario. Actitud que por cierto no secundó Andrés Manuel López Obrador, a la sazón presidente nacional del PRD.
Más recientemente, los dirigentes de Morena no se cansaban de publicitar que ese partido venía regresando la mitad del financiamiento público que recibe. Mentiras. Hasta que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en una comparecencia en la Cámara de Diputados les tuvo que decir en su cara que eso era falso, que ni un solo peso había regresado.
Otra cantinela de López Obrador para hacerle propaganda a su proyecto ha consistido en que éste acabará con los diputados y senadores plurinominales. Totalmente falso. Más bien todos, absolutamente todos, de aprobarse su propuesta, serán diputados y senadores de representación proporcional. Es decir, se adjudicará a cada partido el número de legisladores que le corresponda, según el porcentaje de su votación válida obtenida.
Lo anterior, de aprobarse, implicaría que en lo sucesivo los partidos ya no postularían un candidato (uninominal) por distrito o fórmulas por estado en el caso de los senadores porque los distritos electorales desaparecerían, sino listas de nombres de candidatos. De ahí lo de “plurinominales”. ¿Por qué un país como México tiene –y tolera– como jefe de Estado a alguien que de esta manera engaña y miente? Amén de su lenguaje sistemáticamente ofensivo, ¿por qué?