La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finalmente echó a andar oficialmente el proceso de destitución (impeachment) contra el presidente Donald Trump. La gota que derramó el vaso fue la revelación de que un miembro de los servicios de inteligencia presentó una denuncia formal ante el Inspector General Michael Atkinson sobre conducta indebida de un funcionario público. Atkinson, después de considerar la queja como "urgente y creíble", turnó el asunto al Director Nacional de Inteligencia, el almirante Joseph McGuire, con apenas un mes en el cargo. McGuire, según el estatuto de denuncias internas, tenía siete días para entregar la queja a los comités de Inteligencia del Congreso. No lo hizo de inmediato. Decidió, primero, consultar con el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Ambos, lo instruyeron a no entregar el documento. Al pasar los siete días, un alarmado Atkinson avisó a los comités del Congreso, y se armó la grande.
No se puede menospreciar el trabajo de los medios. En cuanto se supo de la existencia de la queja, empezaron a indagar, y rápidamente se supo que el tema involucraba una llamada de Trump al presidente Zelensky de Ucrania, en la que le pidió ayuda para encontrar lodo sobre su probable rival en las próximas elecciones, Joe Biden. Es decir, Trump solicitó a un gobierno extranjero que interviniera en un proceso electoral interno. Exactamente lo mismo que ocurrió con Rusia en 2016, pero esta vez con el agravante de que Trump mantenía congelado un paquete de ayuda militar a Ucrania que ya había sido aprobado por el Congreso.
El pez por la boca muere. Le está pasando a Trump. En diversas declaraciones, y aún antes de que la presión política lo obligara a anunciar que hoy mismo daría a conocer el contenido de la llamada y la denuncia misma, ya aceptó su culpabilidad. Reconoció que en la llamada con Zelensky mencionó que había que investigar a Biden y a su hijo por posibles actos de corrupción en Ucrania, cuando hace meses, Hunter Biden, el hijo de Joe, ya había sido exonerado de cualquier delito por autoridades ucranianas. ¿Por qué, personalmente, detuvo la entrega de la ayuda militar a Ucrania? ¿Habrá sido para presionar a Zelensky a que le diera cualquier información, cierta o falsa, que pudiera servir en la campaña? El lunes, Trump dijo que detuvo los fondos, porque quería ver resultados en la lucha contra la corrupción en Ucrania. El martes, dijo que no, que el motivo fue porque Europa no estaba cooperando para financiar la defensa de Ucrania ante la agresión rusa. Pero Europa ha contribuido más de tres veces lo que Estados Unidos.
Lo cierto es que Trump parece desesperado. El martes llamó personalmente a Pelosi, proponiendo llegar a un arreglo con el tema de la denuncia. Pelosi respondió que el único arreglo posible era cumplir con la ley.
Ahora, los demócratas tendrán que decidir cómo llevar el proceso de destitución. Si pretenden incluir todos los agravios pasados, que son muchos, las audiencias y comparecencias podrían ser interminables, lo que provocaría hastío en una ciudadanía a las puertas de una elección. Pero si deciden centrarse en el argumento de este reciente escándalo, todo podría terminar antes de la primera primaria que es en febrero.
El argumento que usarán los demócratas es simple, y fácilmente digerible para los ciudadanos: Trump usó el poder de la presidencia de su país para extorsionar a un jefe de Estado extranjero y obtener así ayuda indebida para su campaña de reelección, en el camino poniendo en entredicho la seguridad nacional de Estados Unidos: en los hechos, detener la ayuda militar beneficia a Rusia en la guerra activa que continúa al sur de Ucrania.
Veremos si es suficiente para convencer a los ciudadanos, y a uno que otro senador republicano.