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Sanguijuelas

23/03/2020
Actualización 23/03/2020 - 15:13

Es difícil no adoptar una actitud de incredulidad y desconfianza ante la clase política. Y no me refiero a un país en particular, porque ocurre en todos lados. A diferentes niveles, pero ocurre. En España, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, está en prisión por un fraude de 6 millones de euros. En Gran Bretaña, el príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II, enfrenta acusaciones de abuso sexual de menores. En Filipinas, cómo olvidar a Imelda Marcos y su colección de zapatos. En Corea del Sur, ya perdí la cuenta de los jefes de Estado que han ido a dar a la cárcel, lo mismo que en Brasil, desde Collor de Melo hasta Lula. Y en Argentina, la señora Fernández de Kirchner, probadamente corrupta, se la pasa entre la Casa Rosada y una celda.

En México conocemos bien esa historia. Hoy mismo, se busca la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por un fraude multimillonario que, de investigarse a fondo, acabará salpicando al expresidente Enrique Peña Nieto. Y los actuales, no cantan mal. Ahí están todos los contratos de asignación directa, las mansiones de Bartlett, las fábricas de chocolates y una alza generalizada en las 'cuotas' que cobra la burocracia (no todos, desde luego) por hacer cualquier trámite.

Pero hay un lugar especial en el infierno para quien lucra con las tragedias humanas. Tenemos, el día de hoy, en altísimos puestos públicos a gente que explotó el temblor de 1985 para construir una base de poder político usando a ciudadanos en desgracia sin recato alguno. Ustedes saben quiénes son.

Hoy, que estamos al principio de una crisis de salud con destino incierto, ya empezaron a salir los vivales que tratan de aprovechar el momento. Todos hemos sido testigos ya de que se creó un mercado negro de gel antiséptico, y que se ofrece en internet a precios exorbitantes. Lo mismo pasa con los guantes, y es un crimen, porque deja desprotegidos a los trabajadores de salud, quien al caer contagiados, dejan de prestar un servicio imprescindible en estos tiempos.

Y luego están los políticos de altos vuelos. En Estados Unidos, se ha desatado un enorme escándalo, tras revelarse que varios senadores republicanos, aprovechando información clasificada, vendieron su participación accionaria en empresas, justo antes del derrumbe de la bolsa de valores.

El asunto tomó impulso cuando Richard Burr, republicano de Carolina del Norte, y presidente del comité de inteligencia del Senado, pidió al comité de ética del Senado que revise su caso. Burr vendió acciones por más de un millón de dólares el 13 de febrero, después de recibir un informe clasificado de las autoridades de salud sobre el coronavirus.

No es el único. La senadora Kelly Loeffler, republicana de Georgia, y una de las senadoras más ricas, recibió la misma información que Burr, y procedió a vender alrededor de 5 millones de su portafolio entre enero y el 24 de febrero. También compró acciones en Citrix, una empresa especializada en teleconferencias, que es de las poquísimas que ha incrementado su valor. Las acciones que vendió han perdido 32 por ciento de su valor desde la operación. Para acabarla, la senadora está casada con Jeffrey Sprecher, quien es presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2016. También vendieron David Perdue, republicano de Georgia, y Dianne Feinstein, demócrata de California, quien se deslindó diciendo que su marido, no ella, es responsable de las transacciones financieras de la familia. Será, pero la información privilegiada la recibió ella.

La tragedia es que no les pasará nada. La ley, si bien existe, es muy vaga, y con mayoría republicana en el Senado, es prácticamente imposible una recomendación al Departamento de Justicia para que investigue penalmente el caso.

Están allá, igual que acá. Que se haga justicia, pero en los bueyes de mi compadre. En fin.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.