¿Por encima de la ley?
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¿Por encima de la ley?

14/05/2020
Actualización 14/05/2020 - 14:03

Nada que no tenga que ver con la pandemia es urgente. Pero eso no le quita lo importante a lo que ocurrió ayer en el terreno jurídico en Estados Unidos.

Empecemos porque las medidas sanitarias a causa del coronavirus obligaron a que la Suprema Corte de Justicia sesionara a control remoto. Si bien las audiencias son públicas, no se permite la difusión de ellas, así que, por primera vez, el público en general tuvo acceso a los argumentos orales que se presentaron ante la Corte, y fue sobre un tema que cobrará la mayor importancia y trascendencia para el futuro del Estado de derecho en Estados Unidos.

Muchas veces, en este espacio me he referido a la absoluta e incondicional negativa del presidente Donald Trump a dar a conocer dato alguno de sus finanzas personales, o de sus empresas. Tiene contratado a un bufete entero de abogados dedicado exclusivamente a eso.

Desde la campaña presidencial de 2016, Trump se negó a mostrar su declaración de impuestos. Ningún otro candidato presidencial, desde Richard Nixon, hace más de 40 años, se había negado a ello. Trump prometió darla a conocer cuando terminara una auditoría a la que estaba sometido, pero nunca cumplió.

Dada la opacidad de sus finanzas, la corrupción imperante en varios de sus colaboradores, las decisiones sospechosas que toma a nombre del país, pero que lo benefician personalmente, como el recorte de impuestos a los más ricos, los cuerpos investigativos de diversas instancias de gobierno, excluyendo, desde luego, al Ejecutivo federal, han intentado obtener acceso a esa información, vía legal.

Comités de la Cámara de Representantes, el gobierno estatal de Nueva York y hasta algunas personas físicas han buscado obligarlo a él, o a sus bancos, o al IRS, que equivale a nuestro SAT, a entregar la información requerida, pero, hasta el momento, el equipo legal de Trump ha logrado bloquear todos los intentos. Finalmente, el martes el tema llegó a la Suprema Corte, y se presentaron argumentos orales, donde los jueces cuestionan las posturas legales de ambas partes, y toca a ellas defenderse.

En el fondo, lo que decidirá la Corte es si el presidente está por encima de la ley, como argumentan sus abogados. Usando argumentos estrictamente jurídicos, basados en la Constitución, y los precedentes, la decisión no parece muy difícil. Nixon enfrentó un problema similar, al negarse a entregar las grabaciones hechas en su oficina en torno al caso Watergate, alegando que eran de su propiedad, estaban cubiertas por el privilegio presidencial y no podían ser ilegales, porque las había ordenado el propio presidente. En 1974, ese argumento se vino abajo, y la Corte, por unanimidad, ordenó a Nixon a entregar las cintas. Poco después, Nixon renunció.

La información financiera de Trump, conociendo su 'modus operandi', bien podría llevarlo a acusaciones muy serias de lavado de dinero, dada su opaca relación con intereses rusos, y sus extraños tratos con Deutschebank. Algo muy comprometedor debe haber ahí que ha llevado a Trump al furibundo intento de mantener la secrecía.

Trump confía en que la mayoría conservadora de la Suprema Corte lo salvará. Él mismo asignó a dos de los jueces. Pero como Nixon aprendió en los 70, los jueces, cuyo nombramiento es vitalicio, cuidan mucho su legado ante la historia y difícilmente lo van a comprometer en defensa de un presidente fuera de control.

La Suprema Corte de Justicia de México, institución sujeta a mucha más presión política que su contraparte estadounidense, dio un ejemplo de congruencia jurídica al tumbar el inconstitucional mandato de cinco años del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California.

No hay manera de que la Suprema Corte de Estados Unidos decida que el presidente está por encima de la ley. No hay fecha para dar a conocer la decisión.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.