La frase fue repetida varias veces por George Floyd, mientras el oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, lo tenía inmovilizado con la rodilla sobre su cuello. Fueron ocho interminables minutos, captados en cámaras de video desde varios ángulos, hasta que Floyd perdió el conocimiento.
Floyd compró una cajetilla de cigarros con un billete de 20 dólares, presuntamente falso. Al negarse a pagar con otro billete, el encargado de la tienda llamó a la policía. Floyd esperó el arribo de la patrulla en un coche sobre la calle. No se dio a la fuga, puesto que era un cliente frecuente en la tienda, y quería certeza sobre la falsedad de su billete.
Llegó la policía, y a punta de pistola, le ordenaron bajar del auto. Floyd lo hizo, y luego de un breve forcejeo, se dejó esposar. Al llevarlo a la patrulla, Floyd no quería subir, alegando que padecía claustrofobia. Otro forcejeo, y lo subieron a fuerza. En eso, llegó como refuerzo el oficial Chauvin, quien jaló a Floyd para sacarlo de la patrulla. Floyd cayó al piso boca abajo, aún esposado, y sin posibilidad de ser una amenaza para los policías.
Pero el oficial Chauvin pensaba diferente, y le puso la rodilla en el cuello, para asegurar la inmovilidad. Después de seis minutos, Floyd dejó de reaccionar. Otro de los oficiales, J. A. Kueng, le quiso tomar el pulso, pero no encontró. Ni así retiro la rodilla su compañero. Luego de ocho minutos y 46 segundos, finalmente Chauvin levantó la rodilla, al llegar una ambulancia a hacerse cargo. Suben a Floyd a una camilla, y una hora después, ya en hospital, lo pronunciaron muerto.
Este es sólo el más reciente de los casos de brutalidad policiaca, que revelan una profunda enfermedad en la sociedad estadounidense. Esto no es nuevo, es sólo más visible. Desde la golpiza que la policía de Los Ángeles propinó a Rodney King, el 3 de marzo de 1991, y que fue captada por una videocámara portátil, los avances tecnológicos han hecho cada vez más agobiantemente visibles los casos. En 2014, Eric Garner fue asfixiado por policías en Staten Island, Nueva York, por vender cigarrillos de contrabando. Un gran jurado declinó presentar cargos contra Daniel Pantaneo, el oficial responsable de la muerte de Garner, y ahora está demandando a la Policía para que le regresen su trabajo.
Ese mismo año, en Ferguson, Missouri, Michael Brown recibió seis balazos a manos de un policía, y murió. Laquan McDonald, en Chicago; Tamir Rice, en Cleveland; Walter Scott, en Carolina del Sur; Freddie Gray, en Baltimore, y este mismo año, en Louisville, Kentucky, Breonna Taylor recibió ocho balazos en su casa, cuando policías irrumpieron cumpliendo una orden de cateo.
Víctimas afroamericanas
Todos estos casos tienen, por supuesto, un común denominador: la víctima es afroamericana.
Esta tragedia ha provocado una ola de protestas a nivel nacional en Estados Unidos que hace temer por la estabilidad misma del gobierno. La crisis, además, cuenta con otro elemento explosivo, que se llama Donald Trump. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente ha recurrido a las Fuerzas Armadas para preservar el orden. Trump ya lo hizo en Washington DC, donde legalmente puede porque no es un estado, sino territorio federal. Pero hay un oscuro precepto constitucional, adoptado por Thomas Jefferson, que nunca se ha usado, pero que permitiría a Trump sacar las tropas a las calles.
Cierto, muchas manifestaciones se han salido de control en diversas ciudades, provocando saqueos, pintando paredes, y volviéndose esporádicamente violentas, pero nada que la Guardia Nacional no pueda controlar. Pero Trump, en el contexto electoral, es capaz de cualquier cosa.
El problema de fondo es sistémico. En los cuerpos de policía del país hay una arraigada cultura racista, que protege a los oficiales, aun cuando pisotean todos los reglamentos internos, si es que se trata de una víctima de color. Si George Floyd hubiera sido blanco, primero, no lo tratan así, pero segundo, el policía responsable recibiría cadena perpetua.