Más allá de la frontera
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Más allá de la frontera

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Más allá de la frontera

11/04/2019
Actualización 11/04/2019 - 11:47

De las prácticas favoritas de los gobernantes autócratas, sin duda la purga es de las más socorridas. Y es exactamente la fórmula que aplicó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) esta semana. Esta decisión tiene su origen en la obsesión trumpiana con la inmigración a su país, sea legal o ilegal.

Kirstjen Nielsen, hasta el domingo la secretaria del DHS, tuvo una relación difícil con su jefe. Ascendió al puesto cuando el secretario original, el general Jim Kelly, se convirtió en el jefe del Gabinete de Trump. Nielsen siempre fue gente de Kelly, y cuando las fortunas del general comenzaron a descender en la Casa Blanca, lo mismo ocurrió con la secretaria. Se multiplicaron las gritonizas, primero en privado, y después frente a otros miembros del gabinete. Y no es que la secretaria estuviera opuesta a las políticas radicales antiinmigrantes de Trump, pero la presión para aplicar medidas claramente ilegales llegó a su límite.

Cuando Nielsen le señaló al presidente que su dependencia no podía implementar políticas directamente opuestas al mandato de las Cortes Federales, Trump explotó y la despidió el fin de semana.

Detrás de todo esto, está el personaje más siniestro del equipo de Trump. Su nombre es Stephen Miller y ha sido el más férreo defensor del radicalismo antiinmigrante. A los 37 años, es la peor herencia que le dejó a Trump el ya de por sí impresentable Steve Bannon, ideólogo de las posturas nacionalistas de Trump desde la campaña. Miller le llena la cabeza a Trump con lo que quiere oír: afirma que el presidente tiene poder absoluto e incuestionable en temas de inmigración. Esto es falso y ha llevado al presidente a cometer excesos con consecuencias impredecibles.

El viernes, hace casi una semana, Trump visitó Calexico, California. Sin duda, es una de las ciudades fronterizas sumergida en la crisis de inmigración. Su capacidad para recibir y alojar a familias de migrantes mientras esperan la decisión de un juez sobre su solicitud de asilo, está totalmente rebasada, al punto de que han tenido que poner en libertad a miles de migrantes, con la esperanza de que se presenten a las audiencias. Esto, para Trump, es inaceptable, pero es la ley. Hace meses, un juez federal declaró ilegal la separación de los niños de sus familias. El mismo viernes, otro juez falló en contra de la administración, haciendo ilegal el acuerdo al que llegó Trump con México, para que los migrantes esperaran sus audiencias en nuestro país. Cómo y con quién se llegó a ese acuerdo con México, es algo que no ha querido transparentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero eso es otro tema.

Trump, en Calexico, se reunió con un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza. Les ordenó que ya no permitieran pasar migrantes, y que impidieran que solicitaran asilo. “Si tienen problemas con algún juez, díganles que ya no caben, que ya no hay capacidad.” Cuando los agentes solicitaron a sus jefes directos aclaración sobre la instrucción presidencial, fueron informados que, si seguían las órdenes de Trump, podrían incurrir en un delito, por el que tendrían que responder.

Este episodio va más allá de la crisis en la frontera. Desde Nixon, ningún presidente de Estados Unidos había girado una orden expresa de cometer un delito. Trump está abiertamente retando al Poder Judicial, y esto ha hecho sonar toda clase de alarmas en el Poder Judicial, pero también en el Legislativo.

Una vez más, Trump pone a prueba a las instituciones, y anuncia oficialmente que Stephen Miller está a cargo del tema fronterizo. Mientras, tuitea que México está cooperando con él, y aquí ni sabemos ni preguntamos cómo, sumidos en el alud de ocurrencias diarias de la administración de López Obrador.

¿Qué puede salir mal?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.