Los Fundadores y el Presente
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Los Fundadores y el Presente

06/05/2019
Actualización 06/05/2019 - 15:40

Para entender el tamaño de la crisis institucional que viven los Estados Unidos se requiere recordar las condiciones bajo las que fue creado el marco jurídico democrático del país. Las 13 colonias originales por fin se sacudieron el yugo de la corona británica, y Thomas Jefferson, John Adams y John Hancock, entre otros, se dieron a la tarea de construir un marco jurídico para la nueva república. Pero fue James Madison quien es considerado el autor intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, promulgada y ratificada en 1789, mismo año de la Revolución Francesa.

No fue fácil la ratificación. Varios estados exigían un federalismo más amplio, además de más claras libertades individuales. Madison incorporó estas inquietudes en una serie de enmiendas, que hoy se conocen como la “Carta de Derechos” (Bill of Rights), y que fueron incorporadas a la Constitución y ratificadas en 1791. Son las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Ahí están plasmadas la libertad de prensa y expresión, el derecho a poseer y portar armas, el derecho de asociación y protesta, el derecho a no ser arrestado sin causa probable, el derecho a un juicio expedito en caso de ser acusado, y otros. Incluyendo estas 10 enmiendas originales, la Constitución tiene 27 enmiendas, y una pendiente. Lleva funcionando casi 250 años.

Nada causaba más oposición en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, que la monarquía. Por ello, los fundadores incorporaron en la Constitución la separación e independencia de poderes, con una serie de candados que anticipaban que, en algún tiempo futuro, un presidente quisiera tomarse atribuciones autoritarias similares a las de un rey. Ese momento ya está aquí, y los conceptos de los fundadores están sometidos a la más dura prueba que, sin embargo, su diseño contemplaba, hasta cierto punto.

Era imposible para los fundadores pensar en un mundo de información instantánea y permanente, de sofisticados métodos de campañas conceptuales, de la inundación de mensajes y la posibilidad de borrar la frontera entre lo importante y lo banal, pero ello no implica que los conceptos básicos hayan perdido actualidad. Se han modificado las formas, pero no el fondo de lo que los fundadores diseñaron.

Inherente en el texto constitucional original está el concepto de que ninguna persona, ni el presidente, está por encima de la ley. Es una idea obligatoria para el funcionamiento de un Estado de derecho que, dicho sea de paso, explica en buena medida el éxito de Estados Unidos como país. Sin ser perfecto, habría que reconocer que el sistema de justicia de Estados Unidos es, entre todos los del mundo, el que menos es afectado por los inciertos rumbos políticos. Es decir, hay certeza.

El martes 30 de abril compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Senadores el actual fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Su testimonio fue más que preocupante. Más allá de las falsedades e incongruencias en las incurrió hablando sobre su manejo de los resultados de la investigación de Robert Mueller, expresó una postura jurídica inédita. Barr dijo que, si el presidente Trump, o cualquier presidente, considera injusta una investigación sobre su administración, tiene la facultad constitucional de cerrarla. Es decir, el presidente es juez, parte y jurado, y ello lo ubica por encima de la ley.

El presidente Donald Trump está envalentonado con este concepto de Barr. Trump ya lo conocía, y seguramente es el motivo por el que lo nombró fiscal. Ahora Trump actúa en un plan retador ante el Congreso, y se niega a proporcionar documentos a los comités encargados constitucionalmente de ejercer supervisión sobre el Ejecutivo. Prohíbe a sus colaboradores, presentes y pasados, presentarse a declarar ante el Congreso. Interpone demandas para obligar a entidades públicas y privadas a no cumplir con los requerimientos del Congreso. Está en pie de guerra, ya no contra los demócratas, sino contra el Estado de derecho.

A pesar de que el diseño constitucional contempla un escenario así, están pensados en función del siglo XVIII o XIX. Montar una defensa jurídica del desmantelamiento que pretende Trump lleva años, es muy lento, y difícilmente habría resoluciones antes de la elección de 2020. Y si Trump logra la reelección, podrá acabar con el orden constitucional y jurídico del país.

Es necesario que los republicanos del Congreso entiendan que su apoyo incondicional a Trump no los exime de sufrir las consecuencias de una situación así, y que se establezcan alianzas con el Poder Judicial para hacer el proceso más expedito y llamar a cuentas a un presidente desbocado. Más que nunca, el Legislativo y el Judicial deben reconocer la amenaza común de un presidente fuera de control, y restaurar la sanidad de la separación y la independencia de los poderes de la unión.

De otra manera, los daños a su forma de vida serán irreversibles.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.