Uno de los temas centrales que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la victoria el pasado 1 de julio fue la política de austeridad que pretende aplicar. Nadie puede dudar que la austeridad gubernamental es deseable y necesaria, sobre todo con los niveles de endeudamiento que padecemos, con un gasto corriente fuera de control y con una enorme inversión en los estados de la república que nadie sabe bien a bien a dónde va a parar.
El problema merece un estudio serio, porque el peligro de tomar decisiones populares que a la postre resulten perniciosas para la administración, es latente y grave.
Comencemos por el tema del transporte del presidente, pero también de sus secretarios de estado. Durante su campaña, AMLO fue enfático en el propósito de vender el avión presidencial. Se ha argumentado muchas veces que el avión está en arrendamiento, así que recuperar la inversión será imposible. Es un tema que se podría negociar. Pero el verdadero fondo del asunto está en el tiempo. Dicen que el tiempo es oro, y lo es más cuando se trata del tiempo del presidente de la República. Si realmente López Obrador pretende, como ha dicho, trabajar en seis años el equivalente a doce, no se puede dar el lujo de perder horas y horas esperando vuelos de línea, o realizando giras de trabajo en autobús. Costaría más el tiempo que pierde, que los que cuesta un avión, quizá más modesto que el actual.
Después de reconocer la opacidad con la que se han desempeñado gobiernos anteriores, AMLO tiene la obligación de ser más transparente que nadie. Esto tiene que ver con las facilidades que la administración otorgue a los medios para cubrir las actividades del ejecutivo. Hasta ahora, la prensa viaja en el avión presidencial, y paga una tarifa por cada reportero o camarógrafo que acompaña al presidente. Pero si el presidente va, por ejemplo, a Rusia o a China o a Washington, como tendrá que ocurrir, la logística de esos viajes, la propia seguridad del presidente, se vería seriamente amenazada tomando un vuelo comercial. Además, la óptica de esas condiciones no ayudaría en nada a fortalecer la imagen de México. En menor medida, pero bajo el mismo razonamiento, deben operar los secretarios de estado. Si Pompeo le habla a Marcelo Ebrard en su nueva asignatura como secretario de relaciones exteriores, y le pide que asista a una reunión en Washington para tratar alguna emergencia, el canciller no puede, ni debe, esperar un vuelo comercial a la capital de EU.
La solución pasa por la secretaría de la defensa. Si algo hacen bien nuestras fuerzas armadas, es la logística. Si AMLO, como anunció, regresa al Estado Mayor a los cuarteles, ¿por qué no encargarles toda la organización de los viajes del presidente y su gabinete? El avión presidencial quedaría en la secretaría de la defensa, que podría racionalizar su uso y sacarle más provecho. Lo mismo con los helicópteros. Estos no son gastos superfluos. Si el presidente tiene un acto en Toluca, o en Tlaxcala, o el lugar del acto está en un punto de difícil acceso, un helicóptero es imprescindible. No es ni ostentoso, ni superfluo; es necesario.
Entiendo que para López Obrador será difícil dar marcha atrás a una narrativa que lo acompañó durante todas sus campañas, pero debe reconocer que las campañas quedaron atrás. Ahora hay que gobernar, y hacerlo con eficiencia. Para lograr eso, y para evitar tentaciones, también habría que repensar la reducción de sueldo a funcionarios de primer nivel. El gobierno compite con el sector privado para atraer a los mejores hombres, y no lo podrá hacer más que con salarios competitivos.
Estas son ya decisiones de estado, no de campaña. Si Andrés Manuel López Obrador, como dice, quiere pasar a la historia como un buen presidente, debe encontrar el balance entre la austeridad republicana y la eficiencia gubernamental.