Se cumplen los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque sigue siendo muy poco tiempo para hacer una evaluación razonable, todos, incluyendo al presidente mismo, ceden ante la tentación.
Quienes esperábamos una transición tranquila y sin sobresaltos, nos equivocamos brutalmente. De facto, López Obrador empezó a gobernar desde agosto de 2019, ante el vacío que dejó Enrique Peña Nieto, quien, al digerir la masiva derrota electoral, desapareció del mapa, seguramente ocupado en arreglar su particular situación posgobierno. AMLO llenó rápidamente el vacío de poder.
En algún artículo anterior mencioné que uno de los grandes peligros que enfrentaba el presidente era la prisa con la que comenzó a implementar los cambios. Esa prisa lo llevó a tomar decisiones intempestivas, precipitadas y mal sustentadas, cuyas consecuencias, de no revertirse, estaremos pagando por años. Es el caso de la debacle del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El daño económico de esta medida se ha comentado mucho. Pero la forma en que se aplicó no puede minimizarse. Justificar la cancelación a través de una consulta popular sin una gota de sustento legal, sin mecanismo alguno para garantizar la equidad del resultado, sin intentar siquiera aplicar un poco de maquillaje para hacer el ejercicio medianamente aceptable para quienes no interpretan su voluntad como dogma, es un acto de soberbia. La mejor respuesta que pudo dar el presidente cuando se le cuestionó el método, fue "es que teníamos prisa. No daba tiempo de legislar al respecto".
La prisa lo llevó a otra decisión igualmente trascendental y no menos controvertida, que fue la creación de la Guardia Nacional. En campaña, prometió sacar al Ejército de las calles, pero cuando asumió el poder chocó de frente con la canija realidad. Sacar al Ejército sin tener una policía nueva, entrenada e inmune a la corrupción le llevaría todo el sexenio. ¿Y mientras? No hay soluciones mágicas e inmediatas. La Guardia Nacional es un simple cambio de uniformes, pero los soldados seguirán a cargo, con un marco jurídico un poco más claro, y ojalá tengan éxito. Y aquí sí hay prisa. Los índices delictivos siguen creciendo en todo el país, y la sensación de inseguridad de los ciudadanos es más alta que nunca.
La joya de la corona (¿o la espina?) es Pemex. La empresa, por más inversión que reciba, es insostenible, y amenaza con llevarse al bote de basura a toda la economía nacional. Por más que las satanicen los fanáticos de la 4T (que poco ayudan al presidente) las calificadoras saben su negocio. Lo conocen mucho mejor que los funcionarios a quienes el presidente designó al frente de Pemex, y quienes han hecho un ridículo tras otro al presentar sus planes de rescate de la empresa. No mencionan, por ejemplo, la brutal y onerosa carga financiera que significa mantener una planta laboral tres veces más alta de lo necesario, con tal de tener en paz al sindicato. A diferencia de lo que hizo con la burocracia, aquí el presidente no ha querido sacar el machete.
Convendría al presidente López Obrador tomar un descanso y revaluar la contribución real de su gabinete. En una administración cuya bandera es la lucha contra la corrupción, resulta inaceptable que a cada rato se conozcan casos de nepotismo o de franca incompetencia entre los funcionarios, muchas veces para cumplir cuotas de partido. Si la primera condición para ocupar un puesto en el gobierno es la honestidad, la siguiente debería ser la experiencia y el conocimiento de las responsabilidades a enfrentar, pero es evidente la ineptitud de demasiados nuevos servidores públicos.
Apenas lleva 100 días, presidente. Todavía está a tiempo.