En México, el término 'soplón' es claramente peyorativo. Así que no es una traducción perfecta del 'whistleblower', que tiene un significado legal en Estados Unidos. Se refiere a aquel funcionario que observa conductas de sus colegas o superiores que significan un peligro para la seguridad nacional de su país, o bien que llenan los requisitos para definirlas como delictivas. El funcionario puede entonces presentar su denuncia ante el Inspector General de la secretaría donde ocurra la conducta. Este, a su vez, evalúa la información, y si la encuentra 'creíble' y 'urgente', la presenta a su cabeza de sector, quien está OBLIGADO, por los términos del estatuto, a turnarla a los comités pertinentes del Congreso.
Lo anterior, cobra relevancia ante el más reciente, y tal vez más grave, escándalo en el que está involucrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero, los hechos.
Julio 25: Trump sostiene una llamada telefónica con el presidente Zelensky, de Ucrania.
Principios de agosto: Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, revela que tuvo una reunión en Madrid con el principal asesor de Zelensky.
Agosto 12: El soplón presenta su denuncia ante el inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Finales de agosto: Trump bloquea la entrega de 250 millones de dólares aprobados por el Congreso en ayuda militar a Ucrania para defenderse de la agresión de Rusia.
Septiembre 1: El vicepresidente Mike Pence se reúne con Zelensky en Varsovia.
Septiembre 9: Tres comités de la Cámara de Representantes abren investigaciones sobre los contactos de la administración Trump con Ucrania.
Septiembre 12: Trump libera los fondos para la ayuda militar a Ucrania.
A estas alturas, Adam Schiff, cabeza del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, da a conocer la existencia de la denuncia, porque, en una evidente violación a la ley, el director en funciones de inteligencia nacional se rehusó a entregar el documento al Congreso. Entonces, entró en acción la prensa.
Resumo lo que han publicado diversos medios, con fuentes dentro de la administración.
En la famosa llamada del 25 de julio, Trump le insistió hasta en ocho ocasiones al presidente Zelensky, que investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter, por presunta corrupción. La acusación está plenamente desmentida. Trump acabó por exigir una reunión entre un emisario de Zelensky y su abogado personal Giuliani para tratar el tema, asunto que, en otro de sus clásicos resbalones, Giuliani confirmó a la prensa. En pocas palabras, Trump coludió con Giuliani para extorsionar a un jefe de Estado extranjero para obtener información negativa sobre su más probable rival en las elecciones de 2020. Como Trump se salió con la suya logrando ayuda de Rusia en 2016, ahora pretende hacer lo mismo con Ucrania.
Pero todo esto es apenas lo que se sabe hasta ahora. Lo cierto es que nadie, fuera de Trump y sus cercanos, sabe el contenido de la denuncia. De hecho, ya hay un problema interno serio, porque el Inspector General Michael Atkinson, quien ya declaró ante el comité la semana pasada, considera que se violó la ley al no entregar el documento, que él considera "urgente y creíble". Es otro ejemplo más de la táctica que ha aplicado Trump en toda su relación con la Cámara baja, encabezada por demócratas, para ocultar información a la que Poder Legislativo tiene derecho constitucional de recibir.
El consenso entre los reporteros de la fuente es que hay algo aún más grave en el documento. El silencio de los cercanos al presidente no presagia nada bueno. Y no sería difícil que el inspector general Atkinson recurra a una facultad contemplada en la ley, en la que él puede presentar al misterioso soplón (se supone que solo el inspector general y su jefe conocen su identidad) ante el Congreso.
Créanme, esta semana se espera movida.